Yeni Vilcatoma | Foto: @YeniVilcatoma2
La legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma informó hoy que presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, por considerarlo responsable de la fuga hacia España del exjuez César Hinostroza, señalado de liderar una red de corrupción en la Judicatura.
"Acabo de presentar una denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez por delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por la fuga de Hinostroza", señaló Vilcatoma en un mensaje en su cuenta en Twitter.
Agregó que ha tomado esta medida porque "se tiene que identificar y sancionar a todos los responsables" de la fuga de Hinostroza.
Sánchez, quien hasta julio pasado fue fiscal general de Perú, solicitó este miércoles al Poder Judicial que ordene la detención preliminar de Hinostroza, después de que se había confirmado su fuga a España.
Sánchez remarcó que solo a las 10.30 horas del miércoles (15.30 GMT) el actual fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, le notificó sobre la denuncia constitucional que aprobó el Congreso contra el exjuez el pasado 4 de octubre.
"A mí me sorprendió, pero había que tramitarlo. Actué de inmediato. Pedí un informe a la Policía y he pedido la detención al juez supremo Hugo Núñez Julca, sustentado en las copias del expediente que vino del Congreso", aseguró.
Tras el pedido, un juez ordenó la detención preliminar de Hinostroza y su captura internacional, por lo que hoy la Interpol activó la "notificación roja" para la captura internacional del exjuez por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.
#LOÚLTIMO Acabo de presentar una denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez por delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por la fuga de Hinostroza. Se tiene que identificar y sancionar a todos los responsables. pic.twitter.com/2tBGnDekDv
— Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) October 19, 2018
Hinostroza abandonó Perú el 7 de octubre por los controles del principal puesto fronterizo con Ecuador, según mostraron dos vídeos difundidos hoy por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Esto sucedió a pesar de que sobre él existía una orden judicial de impedimento de salida del país, aunque no un proceso abierto ni una orden de detención.
Tanto la Fiscalía como el Gobierno, donde por el caso renunció el ministro del Interior, Mauro Medina, culpan al Congreso por no haber remitido inmediatamente la denuncia, pero el Legislativo, dominado por el fujimorismo, carga contra los magistrados y el Ejecutivo.
Esto llevó a que el Congreso citara para hoy al primer ministro, César Villanueva, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.
Villanueva, que permaneció durante unas 5 horas en el Congreso, enfatizó que la fuga de Hinostroza "es un hecho concreto donde hay responsabilidades compartidas en diferentes instituciones".
"Si no sabemos manejar una crisis de esta naturaleza, que viene a ser una crisis política, moral, una crisis de valores, qué enseñanzas pueden tener nuestros alumnos cuando un juez supremo, que ocupó los más altos cargos, aparece evadiéndose como un delincuente corriente", remarcó,
El primer ministro también señaló que el Gobierno tenía desde el pasado 7 de octubre "la evidencia real" de la fuga del exjuez y que comenzó a investigar la posible ruta que siguió.
"Un impedimento (de salida) puede permitirle pasear por todo el país. Para una detención se necesita de una autorización especial que emana, primero, el Ministerio Público, y segundo, el Poder Judicial", remarcó.
Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era presuntamente el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", nombre de esta amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.
Por ese caso se destituyó por completo al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a jueces de la Corte Superior del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, quien está en prisión, además de causar la dimisión del entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, y del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
