Ángel Bello
El concepto de “seguridad ciudadana”, con mucha frecuencia, se asocia con la policía, asumiendo que esta institución ha de ser la única garante de dicho bien público. Sin embargo, es necesario señalar que, si bien es cierto que el rol policial se enmarca dentro de estas consideraciones, la seguridad ciudadana hace alusión a una multiplicidad de factores que, por su complejidad, demanda de la intervención del Estado en su conjunto.
Veamos algunas precisiones que nos podrían ayudar a comprender las diferentes dimensiones de esta cuestión e identificar el papel específico que desempeñan los uniformados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define la seguridad ciudadana como “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica”.
En atención a esta definición, podemos remarcar, en primer lugar, que la seguridad ciudadana constituye la espina dorsal del sistema democrático y del orden necesario para preservarlo. Para procurar la seguridad ciudadana se hace imperativo que el Estado garantice los derechos humanos, los cuales son inherentes a todos los habitantes del país de que se trate.
Esas exigencias incluyen los llamados derechos económicos y sociales, los cuales contemplan una gran variedad, incluídas las necesidades básicas, como como la alimentación, la salud y la educación (las cuales resultan de la incumbencia de otras instancias oficiales), pero también los denominados derechos civiles, entre otros.
Respecto a estos últimos, su salvaguarda por parte del Estado está condicionada, en gran medida, por las labores policiales, ya que el derecho a la vida, a la integridad física, la intimidad, el libre tránsito y la expresión y difusión del pensamiento, deben ser permitidas, no obstaculizadas, por las mismas.
En ese mismo orden, tal como podemos colegir, las pobres garantías a los derechos humanos y las necesidades de la población, se podrían traducir en insatisfacciones y frustraciones acumuladas que afecten la calidad de vida de la gente y, por vía de consecuencia, en amenazas de violencia y actos delictivos, lo cual suele dar al traste con la paz social.
La convivencia pacífica es la plataforma de un estado social y democrático de derecho, y se sustenta en el binomio de derechos exigibles pero también deberes ciudadanos. Es en el marco de este contexto donde la policía amplía su radio de acción, ya que, aunque es parte de su misión proteger y garantizar, básicamente, los derechos ya señalados, también ha de ocuparse de la prevención y el control del delito, y así mantener el orden público haciendo cumplir la ley.
La seguridad ciudadana también incorpora la acción comunitaria, promoviendo los valores democráticos y la convivencia pacífica, apelando no solo al cumplimiento de sus deberes fundamentales, sino también a estrategias como la solución pacífica de conflictos. En estos casos la policía debe asumir un rol de liderazgo a través de la mediación en situaciones donde las quejas y las demandas tan solo se encuentren en la fase de conflictividad latente.
Sin embargo, en contextos de mucha violencia y donde el conflicto ya ha emergido, muchas veces se hace necesaria otra estrategia que, aunque impopular, puede resultar efectiva para evitar escaladas. Se trata del uso de la fuerza.
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