Manifestantes en Nicaragua | Foto de EFE
Una alianza opositora nicaragüense anunció ayer lunes su retiro de la mesa de negociación que mantenía con el Gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis que estalló hace más de un año, y minutos después el Ejecutivo excarceló a 100 manifestantes antigubernamentales en un intento por mantener las conversaciones.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en la negociación, tomó esa decisión, entre otras razones, por el "asesinato" del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un prisionero opositor al Gobierno que el jueves pasado falleció al recibir un disparo de un guardia en una cárcel.
También ante los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación "por la nula voluntad política de cumplimiento por parte del Gobierno" de los acuerdos suscritos en materia de la liberación de opositores y el respeto a los derechos y garantías ciudadanas, explicó la Alianza Cívica en una declaración leída en rueda de prensa por el dirigente estudiantil Max Jérez.
La oposición supeditó su retorno a la mesa a la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos.
Minutos después, el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación informó sobre la excarcelación de 100 prisioneros opositores, que pasaron a régimen de "convivencia familiar u otras medidas cautelares".
Según las autoridades, esas personas se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública, y que en el proceso de excarcelación participaron como observadores los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Los excarcelados fueron llevados a sus casas la tarde de este mismo lunes en vehículos del Sistema Penitenciario Nacional.
Con la reciente excarcelación, el número de "presos políticos" enviados a casa pasa de 236 a 336, por lo que todavía permanecen encerrados unos 132 de la lista que reconoce el Gobierno, una cantidad menor que los 809 que según la Alianza continúan privados de libertad.
La excarcelación de este nuevo grupo se dio un día antes de que en Washington el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebre una sesión extraordinaria a solicitud de Canadá, para analizar la situación en Nicaragua.
La OEA debatirá mañana una resolución destinada a pedir al Gobierno de Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y proceda con la "liberación incondicional de todos los presos" antes del 18 de junio.
En concreto, la iniciativa insta al Ejecutivo nicaragüense a proceder con "la liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019, según lo acordado por las partes en la Mesa de Negociación".
El tema de los llamados "presos políticos" se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo y la Alianza Cívica, que comenzaron el 27 de abril y se suspendieron el 3 de abril.
A pesar del fin del diálogo, las partes mantenían reuniones para que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados.
En el marco del diálogo, el 27 de marzo se acordó que la liberación de opositores contaría con el apoyo del CICR; aunque según la Alianza Cívica ese acuerdo no se ha cumplido y ese organismo internacional no ha supervisado ni una sola excarcelación.
Por otro lado, la Alianza Cívica convocó a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, "a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas, en los próximos días".
El objetivo, según ese grupo, es "hacer saber al Gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento a los acuerdos ya suscritos".
Nicaragua afronta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertos desde abril del año pasado.
Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH también cuenta al menos 809 "presos políticos", más del doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega, que los denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
