Fausto Montes de Oca | Foto: Yoan Castillo
La crisis internacional provocada por la guerra en Medio Oriente vuelve a colocar a la República Dominicana frente a una amenaza conocida: el aumento del precio del petróleo y su impacto inmediato sobre combustibles, transporte, alimentos y costo de vida. En ese contexto, el diálogo entre el Gobierno y la oposición es correcto, necesario y políticamente saludable. Pero ese diálogo solo tendrá valor si no se convierte en un simple escenario para que la oposición legitime decisiones oficiales sin exigir cambios de fondo.
La disposición al diálogo proyecta una señal de madurez institucional en medio de una coyuntura global delicada. Sin embargo, la oposición no puede limitarse a escuchar explicaciones ni a refrendar futuras medidas; su deber político es acudir con propuestas firmes y reclamos concretos.
Porque si el país debe prepararse para amortiguar el golpe externo, lo primero que corresponde es revisar el gasto interno.
No es políticamente defendible pedir comprensión a la ciudadanía mientras el Estado mantiene gastos superfluos, estructuras burocráticas infladas y una nómina pública que sigue siendo objeto de cuestionamientos. Antes de pensar en nuevas cargas o sacrificios indirectos para la población, el Gobierno debe enviar una señal clara de austeridad real.
En materia social, cualquier política de subsidios debe abandonar el viejo esquema de distribución generalizada. Los subsidios universales terminan muchas veces beneficiando a sectores que no los necesitan, mientras diluyen recursos que deberían llegar con precisión a quienes realmente enfrentan vulnerabilidad. La crisis exige subsidios focalizados, técnicamente diseñados y socialmente auditables.
Y para que esa política tenga legitimidad, la oposición debe reclamar que esos programas sean acreditados, supervisados o acompañados por organismos internacionales, de modo que la transparencia no dependa únicamente del discurso oficial.
Pero hay un tema aún más profundo: el país no puede seguir reaccionando a cada crisis petrolera como si se tratara de una sorpresa inevitable.
La República Dominicana arrastra un déficit energético estructural que sigue castigando la competitividad nacional. El diálogo debe servir para exigir una postura firme frente al atraso del sistema eléctrico, reclamando inversión seria en redes modernas, reducción de pérdidas, mejora tecnológica y planificación energética sostenible.
También es momento de abrir una discusión que durante años se ha evitado por conveniencia política: el desmonte de incentivos fiscales a sectores económicos que ya no necesitan protección estatal y que hoy representan una pesada carga fiscal para el presupuesto nacional.
No se puede hablar de crisis mientras subsisten privilegios tributarios difíciles de justificar.
La oposición también debe exigir un rediseño del gasto público: menos gasto corriente, menos expansión de nómina y mayor inversión en capital productivo, porque solo la inversión transforma, genera empleo y fortalece capacidad económica.
Y hay un punto que no puede quedar fuera: el endeudamiento.
Seguir financiando desequilibrios mediante deuda constante es posponer problemas que luego terminan pagando varias generaciones. La responsabilidad fiscal debe ser parte central del debate nacional.
Dialogar, sí.
Subordinarse, no.
La oposición no está llamada a cargar con los platos rotos del gobierno ni a servir de aval automático a decisiones oficiales. Su deber es representar con firmeza las preocupaciones nacionales, exigir rectificaciones concretas y evitar que una crisis internacional vuelva a convertirse en pretexto para posponer las correcciones que el país reclama en materia de gasto, eficiencia y responsabilidad pública.
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