Yulibelys Wandelpool Ramírez, abogada | Foto: Linkedin Yulibelys Wandelpool Ramírez
El desarrollo sostenible como proceso progresivo de cambio coloca como centro y sujeto primordial al ser humano y su calidad de vida. Para ello se procura un crecimiento económico con equidad social, transformación de los métodos de producción y especialmente de los patrones de consumo amigables al equilibrio ecológico1.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de una nación implica, además de riqueza en dinero, que las comunidades, mujeres, niños, hombres, adultos mayores, personas con condición especial, tengan acceso a oportunidades traducidas en educación de calidad, empleo decente y bien remunerado, participación democrática, libertad de asociación, esto es de organizarse en comunidad, opinar y discutir sin temor. A lo sumo, construir su plan de vida.
En la búsqueda incansable de esa anhelada sostenibilidad se ubica a la mujer dominicana. A pesar de las grandes conquistas exhibidas, coexisten considerables desafíos de cara a la construcción de una cultura social en la que los derechos, libertades y obligaciones no estén condicionados al género. En este contexto, es loable reconocer los esfuerzos que en las últimas décadas ha realizado el Estado dominicano para promover a la mujer. Se han aprobado normativas y se viene implementando políticas públicas que garanticen derechos, cuotas de participación que impactan el desarrollo social, económico y político del género.
En retrospectiva, cabe decir que desde 2006, los gobiernos han asumido un programa con miras a aminorar las brechas respecto a temas nodales que limitaban y hasta anulaban la participación en los procesos de compras y contrataciones. Con la entrada en vigencia de la ley No. 340-06 del 20 de julio de 2006, modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre del 2006; se han utilizado las compras y contrataciones con el Estado como mecanismo de integración social y de generación de capacidad empresarial entre los más pequeños. De hecho, el objetivo esencial de la Ley 488-08 sobre las mipymes fue fijar como meta la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de la inclusión, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Estas líneas de acción vienen arrojando sus frutos, pues desde el 2012 (cuando el gobierno inició la implementación para eliminar barreras de entrada y empoderar económicamente a la mujer, promoviendo su participación en los procesos de compras) resultaron adjudicadas obras y contratos por montos superiores a RD$68 mil millones, según revelan las estadísticas más recientes presentadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)2.
Respecto a las mipymes y las mujeres, el pasado 27 de febrero de este 2019 el presidente manifestó: “Es donde están los recursos que necesita el Estado dominicano y se ha desmitificado el hecho de que estos sectores no pueden funcionar como proveedores”, lo que pone de manifiesto la voluntad política de favorecer el desarrollo económico de la mujer dominicana. Con el anuncio del presidente de la república de que se someterá, como en efecto ha ocurrido, la modificación a la ley de contrataciones públicas, la mujer empresaria interesada en negociar con el Estado tiene la oportunidad de promover propuestas que propicien un escenario que garantice mayor favorabilidad en los procesos de compras, cuya meta sea llegar a una paridad 50/50 en el marco de las compras y contrataciones públicas.
Por otra parte, en ese mismo discurso se anunció que los ministerios de la Mujer y de Economía, Planificación y Desarrollo firmaron el acuerdo de coordinación interinstitucional con ocho ministerios para incorporar el enfoque de género a sus planes, programas, proyectos y políticas públicas. Esta acción procura el logro del objetivo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 1-12 Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo:
“Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.
En esa línea fue aprobada recientemente la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, disponiendo en su artículo 53.1 la cuota de género que contempla que las listas de candidaturas para cargos de elección presentadas a la Junta Central Electoral y Juntas Electorales deberán contener no menos del 40 % ni más del 60 % de hombres y mujeres, para ser admitidas.
Esta ha sido una de las conquistas más relevantes del último decenio, pues a tono con la realidad de que más del 50 % de los inscritos en el padrón de la JCE son mujeres, que sobrepasan en activismo cívico, medido en asistencia a reuniones comunitarias y búsqueda de solución a problemas del barrio, sin dejar de mencionar que en las pasadas elecciones del 2016 las mujeres votaron más que los hombres. Visto lo anterior la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la ley de régimen electoral constituirá una herramienta de gran fortaleza para que la mujer política dominicana pueda posicionarse en nuestras cámaras legislativas, gobiernos y distritos municipales, ¿y por qué no? dirigiendo de la nación.
¿Cuáles son los retos subyacentes?
Evidentemente, las mujeres representan un mayor porcentaje que los hombres. Esta realidad se nota en las listas de egresados de los programas de grado, postgrado y especialización de las instituciones de formación de nivel superior nacional y de instituciones académicas internacionales. Sin embargo, demandamos continuar cerrando brechas que limitan oportunidades, mejores salarios, cambios sustantivos en las posiciones de dirección. Así está planteado en el estudio Las deudas sociales del país con las mujeres, realizado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC).
Para que tengan una idea, de 23 ministerios, solo tres son dirigidos por mujeres, posicionando a la República Dominicana entre los países con menor representación de las mujeres a nivel ministerial. Constituye lo antes expresado un desafío para nuestro sistema democrático y el Estado de derecho en construcción, mejorar la participación de la mujer en estos órganos.
En las Altas Cortes, Junta Central Electoral (JCE), Cámara de Cuentas, las Gobernaciones provinciales, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Junta Monetaria, solo tenemos una representación que asciende al 18.3 %, según datos del Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer. Estas cifras resultan lesivas y es impostergable transitar aceleradamente hacia una sincera equidad de género.
En concreto, la apuesta en la República Dominicana debe ser por una democracia paritaria, pues no podemos comprender el desarrollo humano sostenible, sin la plena participación política, social, económica y cultural de las mujeres.
1 Galo Muñoz Arce (marzo 2019). El Desarrollo Humano Sostenible. Obtenido de la página EcoPortal https://www.ecoportal.net/temas-especiales/energias/el_desarrollo_humano_sostenible/.
2 Ver en línea: https://twitter.com/YokastaGuzman/status/1102229460844195840.
Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.
