Elecciones en Brasil | Foto: Mariscal/Efe
Por: Alba Santandreu
La Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, "deja de existir" en su cuna, Paraná, el estado que durante años fue epicentro de las investigaciones que desencadenaron un terremoto político en Latinoamérica.
La Lava Jato (lavado de vehículos) comenzó por azar en una gasolinera de Brasilia que blanqueaba dinero, pero a medida que las autoridades fueron tirando del hilo de la madeja destaparon un complejo engranaje de corrupción de dimensiones continentales.
La rutinaria investigación que se inició el 17 de marzo de 2014 pronto se convirtió en un gigantesco escándalo que salpicó de lleno algunas de las más importantes empresas del país, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el imperio Odebrecht.
La Lava Jato abrió la caja de pandora de una gigantesca red de corrupción en Brasil y sus hallazgos condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos de todo el arco partidario que durante décadas parecieron ser intocables.
El arresto más mediático en el país fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien responde al proceso en libertad tras pasar 1 año y 7 meses entre rejas en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital de Paraná.
UN ESCÁNDALO DE DIMENSIONES CONTINENTALES
Las confesiones de los implicados en la trama de corrupción, principalmente la de los ejecutivos del grupo Odebrecht, tuvo un efecto dominó que traspasó las fronteras de Brasil y sacudió los cimientos del sistema en más de una decena de países de Latinoamérica.
El escándalo, que pronto pasó a ser llamado "caso Odebrecht", salpicó a presidentes y expresidentes del continente acusados de haber participado en una de las mayores redes de sobornos de la historia.
Entre los investigados figuraba el exmandatario peruano Alan Garcia (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019 con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por presunto lavado de activos provenientes de coimas de Odebrecht.
De acuerdo con la Fiscalía brasileña, en los últimos siete años la Lava Jato de Paraná registró un total de 735 pedidos de cooperación internacional, datos que "demuestran la seriedad y eficacia de la operación".
UN LEGADO "INNEGABLE" Y CUESTIONADO
Pese a que el grupo de trabajo de la Lava Jato en Paraná deja ahora "de existir", algunos de sus integrantes pasarán a actuar en el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) para dar continuidad a los trabajos, según informó este miércoles la Fiscalía de Paraná.
"El legado del grupo Lava Jato es innegable y loable, considerando los avances que tuvimos en discutir temas tan importantes y caros a la sociedad brasileña", afirmó el coordinador del núcleo de la Lava Jato en el Gaeco, Alessandro José de Oliveira.
En los siete años en los que estuvo vigente la operación fueron llevadas a cabo 1.450 órdenes de allanamiento, 211 conducciones coercitivas, 132 mandatos de prisión preventiva y 163 de arresto temporal.
En total fueron devueltos a las arcas públicas más de 4.300 millones de reales (unos 811 millones de dólares) gracias a 209 acuerdos de colaboración con algunos de los acusados de participar en tramas corruptas.
La Lava Jato, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.
Las sospechas surgieron, sobre todo, a partir de unos reportajes del portal The Intercept Brasil, que publicó intercambios de mensajes entre los fiscales de la Lava Jato y el juez encargado de esas investigaciones en primera instancia, Sergio Moro.
Esas conversaciones escritas generaron un enorme revuelo y pusieron en tela de juicio la imparcialidad de los fiscales, pues insinuaban que, de forma ilegal, Moro coordinó acciones del proceso que llevó a Lula a la cárcel en uno de los casos de corrupción.
En 2019, Moro pasó a ser ministro de Justicia en el Gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, adversario político de Lula, aunque renunció el año pasado enemistado con el gobernante, a quien acusó de interferir políticamente en la Policía Federal.
