Nestor Saldívar | Foto: Kelvin de la Cruz
Por años, el tema migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos con México ha estado plagado de temores a ambos lados de la línea. Por un lado, el miedo a ser detenido y deportado. Por el otro, temor a una situación incontrolable por el flujo de nacionales de toda la región buscando entrar ilegalmente en busca del sueño americano.
El 20 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) emitieron una orden con el propósito de frenar la propagación del COVID-19. Dicho instrumento legal, que vence el 11 de mayo de 2023, permitía a las autoridades expulsar de manera expedita a los migrantes que entraban a territorio norteamericano por las vías terrestres. La política se conoce hoy como el título 42. Unos 2.8 millones de personas han sido expulsadas sobre la base de esta medida en los últimos dos años.
De cara a la expiración de esta orden, ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para enfrentarse a la avalancha migratoria que se avecina?
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) está deteniendo entre siete a ocho mil personas diarias en las últimas semanas, la mayoría venezolanos, quienes intentan entrar de manera ilegal a través de la frontera con México. Por donde más se verifican estas detenciones es en las ciudades de El Paso y Brownsville, Texas. Unos 1,500 miembros de la Guardia Nacional han sido enviados a la frontera.
Recientemente, la Casa Blanca anunció un acuerdo mediante el cual, por primera vez, el gobierno de México recibirá una cantidad importante de nacionales no mexicanos que entran a Estados Unidos por la frontera en calidad de deportados. Entre estos se incluyen a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
Igualmente, como una manera de enfrentar el tráfico humano manejado por los llamados “coyotes”, el gobierno de Estados Unidos establecerá centros regionales de procesamiento para migrantes en Colombia y Guatemala, en un esfuerzo por reducir la cantidad de personas que llegan hasta la frontera con México. La administración también está explorando la posibilidad de tener centros como estos en otros países estratégicos.
La situación es compleja actualmente. Estados Unidos necesita aplicar políticas que disminuyan la afluencia de nacionales extranjeros de toda la región latinoamericana a la línea divisoria. Crear estos centros de procesamiento y establecer acuerdos de colaboración con México y otros países, ayudará de alguna manera a ajustar la dinámica migratoria. Existe la oportunidad también de dar a conocer abiertamente las distintas maneras en que las personas, que reúnen los requisitos, pueden entrar legalmente a Estados Unidos. Muchas veces, quienes cruzan el río, lo hacen al entender que es la única posibilidad abierta que tienen para entrar al país de las muchas oportunidades.
