Valle de los Caídos | Foto: Forcy Cruz
La familia del dictador Francisco Franco (1892-1975) anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Gobierno español para la exhumación y traslado de sus restos fuera del Valle de los Caídos, el monumento en las cercanías de Madrid donde fue enterrado.
Los familiares pedirán también la suspensión cautelar de la decisión del Ejecutivo, que preside el socialista Pedro Sánchez, hasta que la Justicia resuelva.
Mediante un escrito dirigido al Gobierno, al que hoy tuvo acceso EFE, los nietos de Franco -sus parientes vivos más cercanos- reiteran su idea de reubicar, en su caso, el cadáver del general en la cripta de la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, y renuncian a ofrecer alternativas.
No obstante, el Gobierno se opone absolutamente a esta posibilidad para evitar cualquier tipo de homenaje público a Franco, que ganó la Guerra Civil española (1936-1939), tras sublevarse contra la II República con otros generales, y gobernó España hasta que murió, en 1975.
Los familiares advierten de que solo señalarán "un lugar alternativo para que se lleve a cabo la reinhumación" en el hipotético caso "de que por parte del Tribunal Supremo se desestimase el recurso contencioso-administrativo que se anuncia contra el acuerdo del Consejo de Ministros".
Entre tanto, su pretensión es que el alto tribunal adopte medidas cautelares para suspender "en su totalidad" el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, "incluyendo expresamente la suspensión del plazo" de 15 días que se les concedió para designar un lugar adonde llevar los restos del dictador.
Además, la familia pide al Ejecutivo que "se abstenga" de "actuación alguna tendente a la ejecución del referido acuerdo de exhumación" o decisión alguna sobre la eventual extracción de los restos de la basílica del Valle de los Caídos, un monumento del Patrimonio Nacional español, mandado construir por Franco a 50 kilómetros de Madrid.
Los nietos se apoyan en un auto que el Supremo ya dictó el pasado 17 de diciembre sobre este mismo asunto, en el que se apuntaba que ningún acuerdo sobre la exhumación podría ejecutarse "sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo" y el tribunal se hubiera pronunciado.
El acuerdo del Gobierno estableció que, si los familiares no designaban un lugar distinto de la catedral citada para enterrar a Franco, sería el propio Ejecutivo quien determinaría el sitio donde serían enterrados nuevamente, una vez que se hubieran exhumado.
Insisten los nietos de Franco en que el acuerdo para el traslado de sus restos es "nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales".
Y hacen notar al Ejecutivo que los restos mortales de Franco "no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo".
