Julio Santana | Foto: Julio Santana
La semana pasada tuve la oportunidad de leer un interesante artículo en el que se reflexionaba sobre los fondos destinados al sistema nacional de educación preuniversitaria. La enorme cantidad de dinero que fluye hacia el Ministerio de Educación ha oscilado entre 169 y 229 mil millones de pesos en los últimos cuatro años.
Tan elevados recursos, destinados a un solo ministerio, han llamado la atención de analistas independientes, economistas profesionales y de la ciudadanía interesada en conocer cómo se invierten sus contribuciones impositivas al Estado.
Parte de los recursos asignados a la educación se destinan a la atención de las demandas recurrentes de aumentos salariales, ajustes y contribuciones diversas, así como para mejorar el acceso de los maestros a servicios de salud y vivienda. Estas demandas se han intensificado debido al aumento del costo de vida.
Sin embargo, es crucial abordar cuidadosamente estos legítimos reclamos, ya que coexisten con un problema central: la calidad de la educación se encuentra en un Estado lamentable y parece estar empeorando.
Ciertamente, hay problemas de infraestructura, de acondicionamientos físicos, de carencias de instrumentos básicos y hasta de medios de transporte para llegar a los centros de aprendizaje. Entendemos que estas dificultades, que en menor o mayor grado entorpecen un proceso de aprendizaje genuino, deben ser atendidas asegurando transparencia y rendición de cuentas.
Además de mejorar las condiciones materiales de la educación, nos preocupan otros aspectos. ¿Cuáles son las metas fundamentales que, una vez alcanzadas, resultarán en una mejora sustancial de la calidad, organización y gestión de la educación en nuestro país? ¿Cuáles son los indicadores que nos permitirán medir adecuadamente estas metas? Y un poco más allá: ¿Pudo el modelo actual de descentralización educativa incorporar realmente a los actores comunitarios a una gestión de calidad de los centros educativos?
Nos atrevemos a decir, sin pretender ser especialistas o expertos en el tema, que, en el caso de la enseñanza primaria e intermedia, el enfoque principal debería ser la recalificación de los profesores. Son ellos quienes desempeñan un papel crucial en el proceso educativo.
En este sentido, debemos asegurarnos de evitar cualquier interferencia política que busque favorecer a amigos o militantes que no son aptos para ser profesores y mucho menos maestros.
La realidad es que podríamos duplicar la cantidad asignada a la educación, pero si no abordamos la calidad académica, la formación integral y especializada de los profesores, y si no logramos que se acrediten en sus competencias, incluyendo conocimientos actualizados en metodologías de enseñanza efectivas y el tema subjetivo pero crucial de la vocación, seguiríamos obteniendo resultados muy deplorables, como el principal que está a la vista de todos: jóvenes bachilleres que carecen de una educación básica adecuada.
Además de contar con profesores bien preparados, actualizados y motivados, la educación de excelencia también implica considerar diversas estrategias para el estudio y la comprensión de la educación como una riqueza sociocultural, un valor institucional y una experiencia personal. Estos tres niveles de perspectiva aportan visiones distintas pero interconectadas que son esenciales para una comprensión significativa y una gestión de excelencia de la educación.
La educación debe ser valorada como una riqueza sociocultural en cualquier sociedad que busque avanzar por las sendas de un verdadero progreso material y espiritual. Como un valor institucional, la educación debe comenzar en la familia, aunque hoy enfrenta una crisis que está erosionando sus valores fundamentales. A nivel de experiencia personal, la educación debe enriquecer la personalidad, desarrollar y fortalecer el espíritu crítico e innovador.
No basta con proporcionar a las escuelas buenos pupitres, pizarras, edificaciones de calidad y equipos tecnológicos de vanguardia. Estos elementos son esenciales en las escuelas dominicanas, pero carecerán de utilidad si los propios educadores tienen deficiencias significativas en su formación y conocimientos. Además, las carencias formativas de los profesores no deben vincularse con sus afinidades políticas, ya que eso no debe ser un factor para considerar al abordar el problema de la mejor manera posible.
Es importante tener en cuenta que, incluso si logramos que la mayoría de los profesores sean bien formados y comprometidos, aún enfrentamos desafíos relacionados con el contexto sociocultural, como la prevalencia de familias monoparentales y el aislamiento de niños y jóvenes que carecen de apoyo y modelos sociales adecuados. Esto sugiere que salir de los indicadores vergonzosos que caracterizan a nuestro sistema educativo no es una cuestión simple con soluciones políticas rápidas, sino un desafío complejo que requiere un compromiso sociopolítico y moral continuo de los actores clave.
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