La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018, informó este sábado de que pidió a la Justicia que se le otorgue el beneficio del régimen abierto, después de que su pena fuera reducida de 12 a 8 años y diez meses.
La solicitud fue presentada la noche de este viernes al Superior Tribunal de Justicia, que el mes pasado redujo la condena que Lula había recibido en segunda instancia, e insiste en que se declare la "inocencia" del expresidente, aunque también exige que se le permita "desde ya" el cumplimiento de la pena en régimen abierto.
"El recurso pide que, en la hipótesis de que no sea revocada la condena o no sea aceptada la nulidad total del proceso, se permita al expresidente, desde ya, el cumplimiento de la pena en un régimen abierto", dice una nota divulgada por Cristiano Zanin Martins, jefe del equipo de abogados que defiende a Lula.
Si la demanda fuera aceptada, Lula podría cumplir el resto de su condena en un estado de libertad vigilada, que le permitiría salir durante el día y permanecer solamente las noches y fines de semana en un establecimiento carcelario o incluso en su domicilio.
La solicitud se justifica en el hecho de que, con la reducción de pena acordada por el tribunal, y tras haber pasado más de doce meses en la cárcel, le restan por cumplir menos de ocho años, límite que la ley brasileña establece para la concesión del régimen abierto.
En el caso por el que fue condenado Lula, por corrupción pasiva y lavado de dinero, la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la ciudad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la estatal Petrobras.
Sin embargo, Lula responde en otras siete causas penales y en una de ellas, similar a la del apartamento pero referida a una casa de campo, ya pesa una segunda condena a otros 12 años de cárcel dictada en primera instancia y pendiente de revisión en cortes superiores.
El tribunal de segunda instancia que deberá analizar el caso no ha definido todavía cuando será juzgado, pero en medios jurídicos se espera que eso ocurra este mismo año.
Si esa segunda condena fuera ratificada, Lula debería permanecer o volver a prisión, si antes de su posible excarcelación se aceptara el recurso presentado este viernes por su defensa.
También este mismo año se espera que concluyan, al menos en la primera instancia, varias de las otras causas penales que enfrenta el expresidente, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y, pese a los cargos por corrupción que pesan en su contra, se mantiene como uno de los líderes políticos con mayor aceptación en el país.