Cristina Fernández, expresidenta de Argentina | Foto: EFE/David Fernández
Un tribunal de apelaciones argentino ratificó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández como "jefa" de una asociación ilícita montada para recibir sobornos de empresarios durante el kirchnerismo (2003-2015) y avaló que sea detenida, algo que de momento impiden sus fueros como senadora.
La Cámara Criminal y Correccional se expidió este jueves sobre los recursos interpuestos por la defensa, no solo de la exmandataria, sino de multitud de los funcionarios de su Gobierno y empresarios que fueron procesados en primera instancia por el juez Claudio Bonadio en la conocida como "causa de los cuadernos".
Respecto a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el alto tribunal confirmó su procesamiento con prisión preventiva como "jefa" de una asociación ilícita y por cohecho pasivo en 27 hechos en calidad de coautora. También un embargo por 1.500 millones de pesos (39,42 millones de dólares).
"Las referencias sobre el destino de las sumas percibidas se cuentan por centenares y conducen al domicilio de los ex mandatarios o a las manos de algún colaborador de extrema confianza", señala el fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La detención de la senadora dependerá de que en la Cámara Alta dos tercios de los legisladores den el visto bueno al desafuero, algo que ya en otra causa en la que Bonadio pidió su arresto no prosperó por no contar con el apoyo de la mayoría del peronismo, mayoritario en el Congreso y al que pertenece Fernández.
"Entendemos que es una lucha política y judicial y cuando llegue a juicio oral caerá en la nulidad absoluta", expresó a Efe Gregorio Dalbón, abogado de la ex jefa de Estado.
El letrado recalcó que no se pudo comprobar que su defendida recibiera sobornos y cuestionó que no fueran grabadas las declaraciones de los imputados colaboradores (figura penal que otorga beneficios penales a cambio de confesión de datos que permitan avanzar en la causa), algunos de los cuales apuntaron a la supuesta implicación del matrimonio presidencial.
Esos "arrepentidos", según Dalbón, fueron "coaccionados" por el juez y el fiscal del caso para mencionar a "tal o cual persona", y al hilo de lo que Fernández reitera desde hace tiempo, afirma que se trata de una "causa política" dirigida por el presidente, Mauricio Macri, a pesar de que entre los empresarios procesados están un primo del mandatario y fueron llamados a declarar su octogenario padre y uno de sus hermanos.
"Lo que están haciendo con Gianfranco y Franco Macri es llamarlos a indagatoria para luego en vez de procesarlos, sobreseerlos", añadió Dalbón, convencido de que el mandatario quiere que Fernández se siente en el banquillo en 2019, año de elecciones presidenciales.
Mientras Macri ya ha adelantado que competirá por la reelección, tras meses de desgaste en las encuestas por la maltrecha situación económica, Fernández aún no ha aclarado si se presentará.
"Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos (coalición gobernante), Clarín (diario) y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta", remarcó hoy en Twitter la expresidenta, que ya acumula seis procesamientos judiciales.
En su resolución, la Cámara Federal cambió la figura delictiva de algunos de los acusados y ordenó la libertad de varios, y también confirmó el procesamiento del ya arrestado exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, al acusarlo de "organizador" de la asociación ilícita y de cohecho pasivo.
De los mismos delitos es acusado el exsubsecretario de Coordinación de la cartera, Roberto Baratta, cuyo chófer, Oscar Centeno, destapó el escándalo a principios de agosto pasado, cuando llegaron a la Justicia los cuadernos que supuestamente escribió durante más de una década.
El conductor dejó constancia en esas libretas -de las que solo se conservan fotocopias- de cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de algunos de los empresarios más importantes del país para ser repartidos a funcionarios y beneficiar así su acceso a contratos con el Estado.
Ese material, según la investigación, desvelaba una "organización delictiva" comandada por Kirchner -fallecido en 2010 y cuya acción penal quedó extinguida-, su viuda y De Vido, quienes según Bonadio fueron los "verdaderos beneficiarios" de las coimas.
En todo este tiempo, decenas de empresarios y ex altos cargos han sido procesados y algunos siguen detenidos.
En las declaraciones, los ejecutivos reconocieron haber sido presionados por funcionarios para aportar dinero a cambio de adjudicaciones como parte de esta red con la que se estima pudo haber recaudado cerca de 200 millones de dólares.
