Ángel Bello
Hoy, 7 de enero, los dominicanos celebramos el Día del Poder Judicial, una de las patas que, junto al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, conforman el trípode en el cual se sostiene el Gobierno dominicano, de conformidad con el artículo 4 de nuestra Constitución.
De la efectiva administración de la justicia depende, en gran medida, la paz y la convivencia social, ya que la misma Carta Magna, en el párrafo I de su artículo 149, señala que «La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales…».
Sin embargo, la promoción de la paz y la convivencia social a través de la administración efectiva de la justicia por parte de las autoridades, no debe limitarse a dirimir los conflictos mediante decisiones que se traduzcsn en sentencias judiciales que no tomen en cuenta tanto la satisfacción de las demandas de carácter individual como el bien común. En el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene entre sus fundamentos el respeto a la dignidad humana (ibid, artículo 7), estas funciones asumen diversas tareas que convergen en las tres dimensiones o bases de la justicia social, a saber: igualdad (derechos fundamentales, oportunidades para todos), equidad (compensaciones en función de las aportaciones y las capacidades individuales) y necesidad (otorgar más a los que menos tienen).
Por otro lado, la satisfacción de los requerimientos físicos y materiales de los ciudadanos, así como de la salud mental individual y colectiva tan relacionada con la naturaleza y el espíritu de la democracia, debe condicionar no solo el diseño y la ejecución de políticas públicas que garanticen la justicia social, sino también el acatamiento de las normas y las reglas de convivencia pacífica por parte de los gobernados (ibid, artículo 75), las cuales tienen su expresión tanto en la Carta Magna como en todas las leyes adjetivas, decretos, reglamentos y resoluciones, que procuran un clima de libertad mediante la comprensión y la tolerancia.
He ahí uno de los principales escollos que presentamos en lo atinente a nuestra aspiración de vivir en una sociedad justa: no solo las debilidades que acusa en la actualidad el funcionamiento del Poder Judicial en sus distintas instancias, sino también la deplorable proclividad a exigir nuestros derechos renuentes a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos.
Es así como, penosamente, demandamos que nuestros derechos sean garantizados, pero no estamos dispuestos a respetar los ajenos y someternos al régimen de consecuencias que la normativa jurídica contempla cuando infringimos las leyes. Para justificar nuestra rebeldía, apelamos indiscriminadamente al hecho de que es el otro quien atropella nuestros derechos. También esgrimimos el infeliz pretexto de que hay quienes son beneficiados con la impunidad, lo cual no deja de ser cierto en ocasiones, pero no justifica, bajo ningún concepto, nuestra falta de buen trato, civismo y disciplina.
Una sociedad no puede evolucionar mientras cada ciudadano se convierta en juez que determine la legalidad y la legitimidad de sus propias acciones y donde la impunidad es un acto deleznable solo cuando no resultamos beneficiados de ella. Eso se llama anarquía, una receta infalible para seguir viviendo en el caos, la barbarie y el subdesarrollo.
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