La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) dijo este lunes que el sistema judicial dominicano ¨va de mal en peor¨, y necesita un aumento del presupuesto, tras asegurar que la falta de recursos e independencia le impide cumplir con las exigencias legales y reivindicativas.
En su balance anual sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial del 2019, la entidad cívica resaltó como aspectos negativos la creciente percepción de descrédito y baja valoración del sistema, seguido la falta de tribunales y personal administrativo.
También hizo hincapié en la necesidad de una ley que castigue y persiga la prevaricación; un presupuesto deficiente, la mora judicial presente en todos los estamentos judiciales, con retrasos promedios de hasta 10 años.
El presidente de la FJT, Trajano Potentini lamentó que al Poder Judicial se le siga considerando ¨como la cenicienta¨, el más débil y vulnerable de todos los poderes estatales , debido a ¨los males estructurales que suponen su sumisión presupuestaria y la escasa independencia de que goza en su accionar operativo y administrativo¨.
En ese orden, la FJT propone un mecanismo similar al de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales, tienen asignados un 4 y un 2 por ciento de sus recaudaciones respectivamente.
Lo anterior sin mediar ni depender del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo.
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Trajano Potentini, explicó que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, sino una forma de redistribuir los recursos gestionados por el Poder Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros, para establecer los por cientos necesarios para garantizar la operatividad de la justicia.
Reforma de los códigos "napoleónicos" vigentes
En otro orden, el presidente de FJT reiteró la urgencia de reformar ¨los antiquísimos códigos napoleónicos (penal, civil, procesal civil y de comercio), aprobados en 1884 con una vigencia de más de 135 códigos.
Potentini recordó que pese a que los proyectos de reforma descansan en el congreso desde hacen 20 años, solo se ha logrado aprobar el Código Procesal Penal, quedando, sobre todo, desfasado el sistema de persecución penal, por la falta de un nuevo código penal acorde con los nuevos tiempos.
Con este balance reiteramos la necesidad del nuevo Código Penal, en la urgencia de armonizar y actualizar los instrumentos de política criminal, “en razón de los nuevos tipos penales, aun sin previsión legal en nuestra legislación, tales como el sicariato, el feminicidio, el autor intelectual, el necesario cumulo de penas, entre otros delitos y situaciones que este código viene a solucionar”, dijo Potentini.
Citó que el Código Penal, no solamente es aborto, también es libertad de expresión, difamación e injuria, peculado, delitos electrónicos y de alta tecnología, “entre otras tantas infracciones, las cuales necesitan ser actualizadas a la realidad social imperante, traduciéndose todos estos escollos e incongruencias en una sostenida y creciente impunidad.
La FJT apunta que los citados males estructurales arrastran también al Ministerio Público, con la falta de presupuesto y la necesaria y total independencia, el cual ¨pese a grandes esfuerzos y mejoras administrativas (por ejemplo, investigación y sometimiento de Odebrecht), hoy ve su labor a la deriva y condenada al fracaso por tecnicismo jurídicos, procesales y sistémicos¨.