Eduardo Jorge Prats | Foto: Kelvin de la Cruz
El jurista Eduardo Jorge Prats aseguró este lunes que una entrega del 30 % de los Fondos de Pensiones a los trabajadores en la República Dominicana sería darle un golpe de Estado al presidente y al Gobierno de Luis Abinader.
Durante su participación en un programa especial de la Z101, sobre el presente y futuro de los Fondos de Pensiones, el letrado consideró que el desembolso de los referidos recursos significa un “calentamiento de la economía” muy considerable. "No hay manera de justificar desde la óptica macroeconómica una medida como esta".
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Adujo que “no hay un solo estudio” que demuestre la viabilidad de una entrega exitosa en los Fondos de Pensiones.
“Por eso es que nosotros hemos dicho: el que lucha por la entrega del 30 % está apoyando un golpe de Estado macroeconómico contra el presidente y contra el Gobierno de Abinader”, indicó.
Aduce que no hay manera de justificar, desde el punto de vista macroeconómico, el desembolso de los recursos de los ahorrantes.
Trabajadores independientes contizando
Dijo que la Ley 87-01, sobre la Seguridad Social en la República Dominicana no debe ser tocada, y que si se hace debe ser para mejorarla, dentro de las cuales concluye que el marco legislativo incluya cotización para pensión a los trabajadores independientes.
Entiende que la legitimidad de un sistema de seguridad social se logra en la medida en que todo el que trabaje se vea reflejado y protegido por el mismo.
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“La legitimidad de un sistema de seguridad social se logra en la medida que todo el que trabaje se vea reflejado y se vea protegido en ese sistema. Uno de los deberes de esta reforma es incorporar los cuentapropistas, incorporar a los trabajadores independientes y sobre todo promover una cultura de ahorro individual para que conjuntamente con el ahorro previsional, la persona tenga una cuenta de ahorro individual que incluso pueda utilizar”, adujo en El Gobierno de la Mañana.
Valoró que el presidente de la República, Luis Abinader, está dando facilidades a la apertura de diálogo para la reestructuración a la legislación, entendiendo que no solo debe primar el poder político en la toma de decisiones.
