La jueza Altagracia Mejía, de la Cuarta Sala Penal de Santiago, se declaró este jueves incompetente para conocer el recurso de hábeas corpus con el que Marlin Martínez busca salir de prisión tras cumplir la pena de 2 años que le impuso un tribunal por la muerte de la adolescente Emely Peguero en 2017.
La defensa de Martínez interpuso el recurso alegando una serie de irregularidades en contra de esta, que cumplió el mes pasado la sentencia impuesta por la muerte de la joven de 16 años, quien al momento de su deceso estaba embarazada.
El Ministerio Público, afirmó Ingrid Hidaldo, abogada de Martínez, "quiere que nosotros lleguemos a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí es que yo quiero llegar" para demostrar, aseguró, "la doble moral del Ministerio Público".
La jueza emitirá su sentencia íntegra el 2 de octubre venidero, según la decisión tomada este jueves, y a partir de esa fecha los abogados de Martínez evaluarán las acciones que adoptarán.
El 15 de agosto pasado el Ministerio Público interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Duarte que redujo de 5 a 2 años la pena a Marlin Martínez, alegando que la acusación no aportó las suficientes pruebas para demostrar su complicidad en el crimen.
La decisión de ese tribunal, tomada el 15 de pasado pasado, ratificó la condena de 30 años de prisión contra Marlon Martínez, hijo de Marlin y novio de Emely Peguero, acusado de la desaparición y muerte de la adolescente, un crimen que conmovió al país.
El cuerpo de Emely Peguero fue hallado el 31 de agosto de 2017 dentro de una maleta en la comunidad de Cayetano Germosén, provincia Espaillat, ocho días después de su desaparición.
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La autopsia determinó que murió por un aborto inducido y por un fuerte golpe en la cabeza.
Apenas días después de su desaparición, Marlin y Marlon solicitaban a Peguero que regresara al hogar de sus padres, a sabiendas de que la adolescente estaba muerta.
La sentencia de 5 años contra Marlin Martínez, emitida en noviembre pasado, causó gran indignación en el país y provocó disturbios en San Francisco de Macorís, dadas las características del caso y de que los dos condenados se habían unido a los familiares de la víctima en operativos para su búsqueda.
La defensa de los condenados ha insistido en todo momento que el crimen no fue intencional, sino que Marlon Martínez intentó practicarle un aborto a Emely Peguero, pero que el procedimiento salió mal.