Jean Alain Rodríguez | Foto: Procuraduría de la República.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como un "hito en la lucha contra la corrupción", la condena de US$7 millones impuesta a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer), destacando que con esta se recupera el doble de los US$3.5 millones que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, en el 2009.
La reacción del magistrado se produjo luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó este jueves la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional Embraer, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
En tanto, la empresa informó vía comunicado que ante la obligación asumida, la Procuraduría General de la República exime a Embraer y a sus empleados de cualquier tipo de acusación formal.
El máximo representante del Ministerio Público resaltó que esta decisión, no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público.
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Asimismo, el procurador general informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de Embraer la nueva información sobre los sobornos que admitió ante la justicia haber pagado para la adquisición de estas aeronaves, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Recalcó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso, presentado el 6 de septiembre del 2017.
Garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.
Posición de Embraer
Sobre el caso, Embraer, una empresa global con sede principal en Brasil y operaciones en la producción de aviones de uso comercial, ejecutivo y militar, dijo que siempre ha tratado "este asunto con absoluta seriedad".
Recordó que desde el inició procuró una investigación interna conducida por firmas de abogados independientes, expandiendo su alcance al compartir los resultados con las autoridades competentes con quienes ha procurado plena colaboración, abierta y transparente, resultando esto en los acuerdos alcanzados con las autoridades norteamericanas, brasileñas y dominicanas.
Sobre el pago
Rodríguez recordó que estos US$7 millones establecidos en la condena fueron pagados por Embraer el pasado 13 de agosto, y que constituyen una multa, por lo que serán integrados al presupuesto del Ministerio Público, para fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, y en especial para la humanización del sistema penitenciario nacional.
Se recuerda que además de Embraer, en la acusación presentada por la Pepca, están incluidos el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
La Procuraduría General de la República anunció que el documento suscrito para este juicio penal abreviado será divulgado íntegro oportunamente a través de su página web, y recordó que la condena impuesta a Embraer no incluyó a sus funcionarios brasileños, debido a que éstos ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos y no pueden ser juzgados nuevamente en República Dominicana, pues el principio jurídico internacional de “Non bis in idem”, impide la doble persecución judicial.
