Los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice al concluir la audiencia I Foto: PGR
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, aplazó para este martes la audiencia que sigue a 23 de los imputados de supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por la operación Falcón.
La decisión de Borges se produjo luego de unas ocho horas de audiencia. La jueza retomó el caso, luego de que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago rechazara la recusación que varios de los presuntos implicados formularan el miércoles pasado contra la jueza.
El Ministerio Público solicita para los apresados 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Los fiscales dieron inicio a su pedido de medidas de coerción pasadas las 11:00 de la mañana, luego de un receso de 45 minutos que se prolongó por más de una hora, debido a que los abogados de al menos cinco imputados se retrasaron.
El procurador adjunto, Wilson Camacho, informó que la coerción sería presentada en dos partes, primero cómo operaba la presunta red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico, y en un segundo momento el rol de cada uno de los imputados dentro de la organización criminal.
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"Presentaremos nuestras pruebas. Estamos hablando de más de 350 pruebas con que cuenta el Ministerio Público que serán más que suficientes", dijo Camacho en un documento.
Hay otros cuatro detenidos e imputados de participar en la supuesta red de narcotráfico. Según el Ministerio Público, la presunta red de lavado desmantelada manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad.
Los investigadores estiman que la presunta red traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012. Las autoridades aseguran que el supuesto entramado tenía como centro de mando y control la provincia de Santiago.
Entre los detenidos figura el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado Castro. El Ministerio Público también ha imputado a los diputados Nelson Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Héctor Darío Féliz Féliz, del Revolucionario Dominicano (PRD). La diputada Guerrero, representante de El Seibo, es la esposa de Maldonado Castro
