Según informaron fuentes judiciales a La Nación, diario que hizo la investigación periodística sobre el presunto entramado de coimas que desembocó en la causa judicial, Bonadio ya firmó la petición y será ahora la Cámara Alta la que decida si permite que se hagan los allanamientos, ya que Fernández cuenta con fueros parlamentarios.

El magistrado de la causa -que está bajo secreto de sumario- planea ordenar registros de los tres domicilios de la ex jefa de Estado (2007-2015): el apartamento del barrio de Recoleta de Buenos Aires y sus dos casas de las localidades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate.

También de su despacho del Congreso, donde recaló tras las elecciones de octubre de 2017 en las que salió elegida senadora.

A finales de ese año, en el marco de otra causa, Bonadio solicitó a la Cámara de Senadores que debatiera y aprobase despojar de sus fueros a la exmandataria.

Eso con el fin de enviarla a prisión preventiva por estar acusada del encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994.

Sin embargo, el Senado -en el que ningún grupo tiene mayoría absoluta pero en el que prevalece la oposición peronista, a la que se adscribe Fernández- no ha avanzado al respecto.

Por el momento, aunque medios locales señalan que el juez tiene previsto hacer un nuevo pedido de desafuero, Bonadio no lo ha hecho efectivo.

En los últimos dos días, más de una docena de personas, entre empresarios y exfuncionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, fueron detenidos acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.

La expresidenta deberá acudir a declarar como imputada el 13 de agosto próximo.

La investigación del diario La Nación se sustenta en unas libretas escritas por Oscar Centeno, quien fuera chófer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.

En esos cuadernos, Centeno dejó apuntados con detalle durante más de una década los recorridos que supuestamente hacía con su jefe y otros exmiembros del Gobierno para recaudar bolsos con millones de dólares que empresarios destinaban presuntamente a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obra pública.

Algunos de los lugares a los que llevaban el dinero, según los apuntes, eran la residencia presidencial y el apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.