Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía | Foto: Ministerio de Economía
El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Juan Ariel Jiménez, consideró que el país no está en buenas manos en términos de institucionalidad, porque a su juicio se suplantó el rol del Ministerio Público (MP) al realizarse acusaciones políticas contra el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la pasada alocución del presidente Luis Abinader.
“Todas las acusaciones políticas de que se convirtió en una corporación mafiosa y que se cometieron todos los ilícitos penales, la verdad es que llama la atención, porque esos son temas propios de un Ministerio Público… ahí si me siento mal porque siento que el país no está en buenas manos en términos institucionales cuando se suplanta el rol de un Ministerio Público por una acusación política populista”, enfatizó Jiménez.
Argumentó en una entrevista telefónica en el programa El Gobierno de la Tarde que la pronunciación de dichas acusaciones les llaman la atención, dado que estas se deben hacer luego de una investigación, de formar un caso y de llevarse al Poder Judicial, y no libremente en la prensa.
Externó que si se dice creer en la institucionalidad y en un Ministerio Público independiente, se debería seguir el debido proceso, pero considera que “son de las cosas” que se deben superar como país y cambiar en la forma de hacer política, por lo que insiste que se debe hacer una posición objetiva y constructiva para evitar caer en los dimes y diretes de la misma.
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Pago de RD$40 mil millones a contratistas
Al referirse a la acusación del presidente Luis Abinader de que encontró un pago de RD$40 mil millones no presupuestado a contratistas, explicó que el mismo se debe a que la pasada administración decidió saldar los compromisos que tenía, para evitar una quiebra generalizada por falta de liquidez.
Además, aseguró que dichos pagos no fueron ilegales ni irregulares, debido a que estos correspondían a procesos competitivos que se hicieron en el pasado y que estaban pendientes, y se procedió simplemente acelerarlos para dejar las cuentas claras.
“No son pagos ilegales, no son pagos irregulares, eso no se puede afirmar porque sería desconocer que nunca se hubiese podido firmar un contrato, si no hubiese seguido la Ley 340-06 (sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones), porque la Contraloría tiene que registrar ese pago”, agregó.
