Jottin Cury, exmagistrado del TC | Foto: Prensa del TC
El exjuez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, explicó este jueves que la firma del acuerdo entre EE. UU. y República Dominicana sobre el prechequeo que permitiría que personal de Aduanas y Protección estadounidense chequeen a los pasajeros en el aeropuerto de Punta Cana con destino a esa nación, constituye a una violación de la soberanía, porque restringe la potestad sancionadora del país y delega funciones favorables al extranjero.
“Lo primero es que el acuerdo restringe la potestad sancionadora de la Administración, al limitarla al caso de persecuciones penales del infractor, delegando a todas las demás funciones en favor en poder extranjero”, manifestó al ser cuestionado sobre porqué implicaría una violación de soberanía.
Durante una entrevista telefónica en El Gobierno de la Tarde, Cury explicó que lo anteriormente dicho es una atribución “indelegable, inherente” del dominio reservado del Estado que a su entender no puede ser delegado.
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“Segundo, condiciona las políticas de refugio de acuerdo a las pautas que tracen los Estados Unidos, o sea se trata de una obvia tutela de facultades soberanas, lo cual es inadmisible”, agregó.
De igual forma, señaló que en el marco del derecho interno, dicho acuerdo obliga a la República Dominicana a buscar medios alternativos para las solicitudes de refugio que no cumplen con el perfil definido por la convención sobre refugiados.
“El acuerdo dice que comenzarían en Punta Cana, sin embargo, no se limita al aeropuerto de Punta Cana, sino a todos los puntos de entrada internacionales, tanto aérea, marítima o terrestre, es decir, que la frontera también está incluida ahí. Entonces todos los refugiados económicos que no están previstos en el perfil de la convención sobre refugiados, van a venir aquí y nosotros vamos a tener que resolver ese problema”, aclaró.
Sobre la potestad sancionadora de citado acuerdo, sostuvo que eso significa que las autoridades estadounidenses podrán decomisar bienes y aplicar su normativa en el país con oficiales armados en el propio aeropuerto de Punta Cana, bajo el argumento de que eso es territorio norteamericano, como si tratara de una embajada.
El acuerdo está en el Tribunal Constitucional desde el 8 de diciembre del 2016 y ha sido sometido a aprobación en varias ocasiones.
