El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta a presentación periódica y el pago de 4.5 millones de pesos, tras ocho meses de prisión preventiva.

El exfuncionario, uno de los principales imputados por supuesta corrupción administrativa en la operación Calamar, deberá presentarse ante el tribunal cada 15 días.

El proceso se sigue también en contra del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una la alegada red que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

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En este expediente, el órgano acusador también acusa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Además, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.