Fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporaron este jueves nuevas pruebas en el juicio que se sigue a seis imputados por los millonarios sobornos en dólares que pagó la empresa Odebrecht para lograr adjudicación de obras en el país.
Según informa un comunicado, la fiscal de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que en la audiencia de este jueves incorporaron documentos sobre las empresas a nombre del señor Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
“El informe como tal no se había ofertado, o sea, no era una prueba que estaba ofertada para el señor Juan Roberto; mas, sí todos los soportes que envió la Cámara de Comercio, que demostraban la existencia de las empresas a nombre del señor Juan Roberto”, precisó Ortiz a la prensa que le preguntaron sobre un informe no incorporado.
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La magistrada Ortiz enfatizó en que el tribunal admitió la incorporación de todos los documentos de la Cámara de Comercio relativos a esas firmas.
Las citadas evidencias fueron incorporadas con los testigos número 13 y 14 del Ministerio Público, Anny Puello, quien ya concluyó su comparecencia, y Julián Rojas, quien continuará testificando después del receso, agregó.
Se indicó que el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual está integrado por la magistrada Ortiz y otros fiscales de ese órgano, quienes procuran demostrar a través de sus testigos, 28 en total, la vinculación de los imputados con los sobornos de la constructora brasileña.
El juicio se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de Rodríguez Hernández, así como de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Conrado Pittaluga, acusados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que Odebrecht admitió haber pagado para ser favorecida con obras estatales.
Según la nota, con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso, se procura demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita, producto de sus actividades con la multinacional brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.