En el gran movimiento contra la corrupción y la impunidad presente en el escenario nacional hay quienes, reconociendo que se trata de todo un sistema, se oponen a propuestas políticas que podrían conducir a desmontar esta nefasta, ilegítima y altamente desacreditada institucionalidad, e insisten en transitar por la viciada vía institucional-electoral que conduce a su reproducción.

En el contexto de una dictadura constitucional, con todas las instituciones estatales bajo el mismo mando central, secuestradas y corrompidas… y asaltados por clanes corruptos sistema judicial y el Congreso que podría modificarlo, es elemental que el fin de la impunidad pasa por el fin de esta institucionalidad, este presidente y el Gobierno que la tutelan.

Así mismo, con una JCE, TSE y TC que responden a ese poder, en el marco de un sistema de partidos y una dinámica electoral que solo podría reproducir el continuismo de PLD ( con Danilo, Leonel o Margarita), o instalar Gobierno de una oposición de parecida calaña, (históricamente responsable de este engendro), no es difícil arribar a la conclusión que el camino debe ser otro para lograr el fin de esos males.

Este tipo de especímenes opositores, radical en denunciar y conservador en proponer, no quieren entender que la Constitución del 2010 y la anterior son padre y madre de esta degradación; como tampoco les interesa ver, que aunque el PLD (su gobierno, presidente, Comité Político) sea en la actualidad el responsable fundamental de la misma y principal obstáculo al cambio –algo que admiten- el mal mayor es el sistema institucional y de partidos, asociados a un empresariado y un militarismo maleados.

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A este sistema pertenece el bloque opositor PRSC, PRM, PQD…

Contradicciones

Entonces, no se entiende, como aceptando verdades comprobadas, se resisten a la pertinente demanda de destitución del Presidente Danilo Medina y su gobierno mafioso antes del 20, a la quiebra de este orden institucional, la derogación de la Constitución del 2010 y puesta en marcha de un proceso constituyente que desemboque en Asamblea Constituyente Popular y Soberana y nueva constitucionalidad, e institucionalidad verdaderamente democráticas.

Y peor aún: en su agenda de reformas y/o demandas dentro del sistema, no aparece el cambio de JCE ni de TSE antes de los próximos comicios, reproduciendo la conducta contemporizadora de los partidos electoralistas de oposición.

Es increíble la pasividad con que acepta la trampa, pese a sus valiosos aportes críticos.

Esgrimen el peligro del caos, pero el caos es la prolongación de lo existente. Y después de todo… el proceso constituyente equivale a reformas avanzadas, no a revolución. ¡Cuánto conservadurismo! ¡Como que deben revisarse!

 

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