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La farmacéutica estadounidense Rochester Drug Co-Operative y su exconsejero delegado, Laurence Doud, fueron imputados este martes en Nueva York por conspirar para traficar con narcóticos y defraudar a Estados Unidos, convirtiéndose en la primera empresa en ser procesada por la crisis de los opiáceos en este país.
La compañía, con sede en el estado de Nueva York, está acusada de distribuir decenas de millones de oxicodona, fentanilo y otros opiáceos a proveedores sospechosos de realizar actividades ilegales, según indicaron medios locales, lo cual sirvió para agravar la crisis por el consumo de estas drogas.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, "Doud y otros miembros ejecutivos instruyeron a los empleados a contravenir sus políticas y el reglamento de la agencia antidrogas (DEA, en inglés), de tal manera que la compañía siguió haciendo negocios con clientes que, Doud sabía, probablemente desviaban sustancias controladas".
Asimismo, estas acciones sirvieron para "incrementar la compensación de Doud", de acuerdo con el documento judicial.
Cuando el exconsejero delegado fue confrontado por un compañero ejecutivo para poner fin a sus tratos con una cadena de farmacias que, supuestamente, se estaba convirtiendo en uno de los mayores dispensadores nacionales del altamente adictivo spray Subsys, él respondió: "¡Mátalo y muere!".
Doud ha sido arrestado y permanece en custodia policial hasta su comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan.
La Fiscalía federal del Distrito sur de Nueva York -el mismo donde se juzgó a Joaquín "El Chapo" Guzmán entre noviembre del año pasado y febrero del presente- también presentó una demanda contra la compañía en la que reclama "multas y medidas cautelares".
La DEA ha estado investigando durante años si la compañía no cumplió las leyes farmacéuticas.
De acuerdo con los archivos presentados ante el juzgado, entre 2012 y 2016 Rochester Drug Co-operative recibió más de un millón y medio de pedidos de sustancias controladas, pero solo destacó cuatro como sospechosas ante la DEA. De acuerdo con la Fiscalía, esta cifra ascendía a 2.000.
La compañía declaró haber comenzado la negociación de un pacto de declaración de culpabilidad en cuanto a la variable criminal del caso, así como haber aceptado pagar una multa de 20 millones en la rama civil del mismo.
"Hemos cometido errores… y la empresa entiende que estos errores, cometidos por la antigua dirección, tienen serias consecuencias", afirmó en una declaración un portavoz de la compañía.
