El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informó este miércoles que relevó de sus puestos a dos funcionarios que autorizaron el proyecto para la construcción del aeropuerto de Bávaro, cuyas obras fueron suspendidas provisionalmente la semana pasada.
El director general del IDAC, Román Caamaño Vélez, desvinculó de las posiciones de director de Navegación Aérea al controlador aéreo Bolívar León Paulino, y de director de Vigilancia de la Seguridad Operacional al controlador aéreo Johan Estrada Pelletier, quienes quedaron sin funciones por el momento, señaló una nota de prensa.
Se destacó que recientemente, la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) llevó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por posibles visos de corrupción, a siete funcionarios entre ellos a los destituidos León Paulino y Estrada Pelletier, que dieron la no objeción para facilitar la ejecución del aeropuerto de Bávaro.
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El IDAC precisó que los despedidos fueron sustituido la controladora aérea Claudia Beatriz Roa Ochoa, con 24 años de experiencia en el sector aeronáutico, quien se convierte en la primera mujer que asume la responsabilidad de la Dirección de Navegación Aérea y por el controlador aéreo Gender Damián Castro Pared, que con más de dos décadas de experiencia en el sector es el nuevo incumbente de Seguridad Operacional.
Según la actual directiva del IDAC, el Aeropuerto Internacional de Bávaro (IBA), que construía un consorcio liderado por el Grupo Abrisa con una inversión inicial de unos 200 millones de dólares, supondría la competencia del de Punta Cana, por donde llegan la mayoría de los turistas que visita el país.
La propia entidad afirmó que la autorización para la construcción de la terminal emitida el pasado 11 de agosto, cinco días antes de la toma de posesión del Gobierno de Luis Abinader, incurrió en "violación de los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad".
Entre sus argumentos, el IDAC señaló que es deber del Estado "que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana".
El IDAC también advirtió de "irregularidades" en la concesión del permiso de construcción, como la "inexistencia" de los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores.