El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia abordan este jueves temas de fondo, como la justicia y las elecciones, en el marco de las negociaciones para sacar al país de una crisis que ha dejado cientos de muertos desde abril del año pasado.
El Gobierno y la Alianza Cívica se citaron en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua, para discutir sobre la libertad de los "presos políticos" y reformas electorales.
Los temas de fondo, que incluyen la justicia, reparación y no repetición para las víctimas, así como el adelanto de las elecciones, no fueron tocados en las primeras 13 sesiones de negociación, en las que se dio prioridad a las reglas del diálogo y se congelaron por "impasses" que creó la violencia policial en las calles.
El miércoles el Gobierno y la Alianza acordaron que discutirían los temas de fondo a partir de este jueves.
Entre los principales acuerdos de las partes están la liberación de todas las personas arrestadas por protestar contra el presidente Daniel Ortega desde el 18 de abril de 2018 en un plazo máximo de 90 días y la petición de que las sanciones económicas internacionales contra el Gobierno no sean ejecutadas.
Azahalea Solís, integrante de la alianza opositora, recomendó a los nicaragüenses seguir presionando para que el Gobierno cumpla con sus compromisos.
"Nos corresponde a todos los nicaragüenses que (la libertad de los "presos políticos") sea lo más rápido posible, porque hay personas que están ahí desde hace 9 meses, eso no es aceptable", afirmó Solís, antes de ingresar al Incae.
Las negociaciones tenían como objetivo finalizar con un acuerdo conjunto el 28 de marzo.
Nicaragua atraviesa una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos,según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561 y el presidente Daniel Ortega reconoce 199.
Al menos 802 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, incluyendo 20 menores, tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.