Cancillería de la República Dominicana
El Gobierno dominicano rechazó de plano las declaraciones "parcializadas y desafortunadas" de William O’Neill, experto independiente en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pidió a República Dominicana reconsiderar el cierre de la frontera por la construcción de un canal para desviar el río Masacre del lado haitiano.
"En primer lugar, reiteramos que cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción unilateral e ilegal del canal en el río Masacre o Dajabón", respondió el Ministerio de Relaciones de Exteriores (Mirex) en un comunicado.
Agrega que el "Gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace añosa Haití. Desde 2021, venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país".
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En segundo lugar, indica el documento, O’Neill menciona el tema migratorio, que no guarda relación con el conflicto del canal: "Como hemos expresado en la respuesta al Sr. O’Neill el 29 de junio pasado, no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos. La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración".
Precisa que el Gobierno dominicano tomará nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reitera que la solución inmediata y definitiva del problema está en manos de esa nación, cuando decida poner fin a la construcción del canal.
Aclaró, ademas, que es prematuro hablar de un arbitraje internacional cuando no hay un conflicto entre dos Gobiernos, pues la crisis ha sido generada por actores particulares haitianos a los que califica de oportunistas e irresponsables, sumado a la crisis humanitaria, de orden público y seguridad en Haití, que afecta la capacidad de su gobierno de imponer el Estado de derecho.
"Queremos reiterar a la sociedad dominicana y a la comunidad internacional que este no es un conflicto entre dos pueblos, ya que ni los dominicanos ni los haitianos desean la confrontación. Nuestros pueblos desean vivir en paz. No buscamos una confrontación, pero sí enfrentamos a los incontrolables que generan inseguridad en Haití", concluye.
