El Gobierno de Nicaragua reveló que 197 personas murieron a causa de la grave crisis política que afecta al país desde abril pasado, según un informe oficial divulgado hoy  por el canciller Denis Moncada y el inspector de la Policía, Jaime Vanegas.

Según los datos oficiales, de los 197 muertos entre el 19 de abril y el 25 de julio pasado, 191 eran varones y solo cinco eran estudiantes universitarios que protestaban contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

ONGs de derechos humanos registran de 300 a 450 víctimas desde que se inició el conflicto, en su inmensa mayoría jóvenes que fueron "asesinados o ejecutados" por policías y paramilitares.

El informe oficial, presentado en rueda de prensa, revela que la mayor cantidad de muertes ocurrió en junio (56) y julio (50), meses en que el Gobierno disolvió con violencia los retenes y barricadas colocados por manifestantes en ciudades y sobre las carreteras.

El Gobierno aseguró también que otras 253 personas fallecieron en el mismo período pero en acciones de "delincuencia común" y que sus muertes "fueron manipuladas por los golpistas y sus organismos afines”.

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Por su parte, en entrevista a la cadena de televisión rusa RT, Ortega anunció que no permitirá el ingreso de un grupo de trabajo que acordó crear el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para ayudar a buscar la paz en el país.

“Nosotros no estamos para responderles a ellos (la OEA), ellos tienen que responderles a sus pueblos. Bastantes problemas tienen en cada país de estos, como para que vengan a entrometerse a la situación de Nicaragua. No vamos a recibir ese grupo, no tiene sentido”, afirmó Ortega a RT.

Por su parte, en declaraciones a medios oficiales, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, aseguró que el país está "recuperando la normalidad" y que los responsables del "terrorismo golpista van a pagar por sus crímenes".

"Ellos destruyeron el turismo, destruyeron la imagen de Nicaragua, que paguen por sus crímenes. Nosotros queremos vida para trabajar, estudiar y prosperar”, dijo Murillo y aseguró que el país “ya está recuperando su normalidad”.

Mientras, en Managua, las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos redujeron esta semana su frecuencia de vuelos a Nicaragua y suspendieron los viajes nocturnos debido a la crisis.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur, privada), declaró que las aerolíneas American Airlines, United, Delta y Spirit suspendieron vuelos o ajustaron sus horarios a vuelos diurnos.

“No estamos para nada en la normalidad, el turismo está prácticamente en cero y es el sector que genera divisas y le da ocupación a los trabajadores”, dijo Valenti, al calcular las pérdidas en el sector en unos 230 millones de dólares.

A nivel general la economía reporta pérdidas que superan los 2.000 millones de dólares y el cierre de 250.000 empleos, la cuarta parte del total de la ocupación formal del país.

"La crisis que estamos viviendo ha tenido como consecuencia una reducción drástica de visitantes”, dijo Valenti. "Ninguna persona va a venir a un país en donde no hay paz social y donde hay violencia todos los días”, agregó.

A su vez, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que la crisis llevó a suspender un proyecto de la aerolínea española Iberia que preveía iniciar vuelos diarios en la ruta Madrid-Managua a partir de octubre.

"Cada vez va a ser más difícil traer turistas extranjeros a Nicaragua", comentó Aguerri.

También lamentó la salida al exilio de un grupo de defensores de derechos humanos por amenazas del Gobierno, y dijo que los empresarios que apoyaron las protestas también están en riesgo de ser perseguidos o asesinados.

“En Nicaragua todos los que no somos Gobierno vivimos con ese miedo, pero debemos afrontarlo y seguir adelante”, dijo al ser consultado por periodistas.

Entretanto, un grupo de defensores de derechos humanos tuvieron una sesión de trabajo en Managua con representantes del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con delegados de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Oacnudh).

“Quedó claramente establecido que enfrentamos una violación descomunal de derechos humanos (por parte del Gobierno) sin precedentes en la región por su escala, gravedad e intensidad”, declaró la abogada ambientalista Mónica López al concluir la reunión.

La crisis comenzó el 18 de abril con una protesta estudiantil y se agudizó tras la violenta acción de policías y paramilitares. Además de centenares de  muertos, las ONGs de derechos humanos contabilizan más de 2.800 heridos y cientos de detenidos y desaparecidos.