Manifestantes en Nicaragua | Foto de EFE
El Gobierno de Nicaragua reclamó este viernes a las "élites" por no condenar los "crímenes de odio" que se han cometido contra sandinistas en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos y decenas de miles en el exilio.
En una declaración, la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con la que se espera superar la crisis indicó que "ayer, hoy y todos los días" han reclamado "la condena por esos crímenes de odio, por esos actos crueles, humillantes, degradantes, inhumanos y destructivos" contra sandinistas.
"Pero por supuesto que no se condena, desde las élites, esos crímenes o el intento de subordinar a los nicaragüenses a la perversidad y a las prácticas violentas y destructivas con las que quisieron avasallarnos y enterrarnos", señaló el Ejecutivo.
"Y no sOlo han ofendido el corazón del pueblo con ese silencio inhumano, sino que han difamado, calumniado y establecido matrices mentirosas de comunicación nacional e internacional, propiciando pérdidas y daños a la buena imagen de esta patria", continuó.
En específico, el Gobierno mencionó el caso de Bismarck Martínez, un trabajador de la Alcaldía de Managua que fue hallado muerto casi un año después de haber sido reportado como desaparecido.
Martínez era un militante sandinista que fue reportado como desaparecido en junio del año pasado y hallado en una fosa la semana pasada y cuya identidad fue confirmada por el Instituto de Medicina Legal.
La versión del Gobierno es que Martínez fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo de manifestantes opositores que bloquearon la vía en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo (sur), entre junio y julio de 2018.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 593 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento de golpe de Estado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad durante el conflicto.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco las acusaciones sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.
