El presidente Daniel Ortega | Foto: EFE
El Gobierno de Nicaragua regresó este lunes a las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para encontrar una solución pacífica a la crisis local, con la promesa de cumplir los acuerdos del viernes pasado, tras recibir críticas por no haberlos respetado al día siguiente de firmados.
"Vamos a cumplir con todos los acuerdos que hemos firmado y que continuamos debatiendo en la mesa de negociación", dijo el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien encabeza la delegación del Gobierno.
El Gobierno fue criticado por diversos sectores nacionales e internacionales por haber atacado a un grupo de personas que protestaban contra el presidente Daniel Ortega el sábado pasado, menos de 24 horas después de haberse comprometido a respetar la Constitución de Nicaragua en lo referente a las libertades públicas.
Las agresiones, que estuvieron a cargo de la Policía Nacional, en conjunto con grupos paramilitares, según los testigos, dejaron 11 detenidos, 4 heridos de balas, 3 civiles lesionados y 3 periodistas golpeados.
Las personas heridas fueron víctimas de un militante activo del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y antiguo miembro del Ejército Popular Sandinista, identificado como German Félix Dávila Blanco, quien se hirió a sí mismo durante el tiroteo.
Tanto la Policía como el Gobierno negaron los ataques policiales y separaron a Dávila de la escena del tiroteo, sin embargo los opositores publicaron videos y fotografías que contradicen a los representantes del Estado.
Moncada afirmó que los sucesos del sábado no influirán en la continuación de las negociaciones, cuyas partes se han propuesto concluir este miércoles.
"Estamos en ese espíritu con responsabilidad, con buena fe", agregó el canciller, a pesar de que la Alianza y otras agrupaciones de oposición han insistido en que el Gobierno no ha dado muestras de "voluntad política" para solucionar la crisis, y le acusan de intentar ganar tiempo para evitar sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) mantiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, lo que llevaría al país a ser expulsado del organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad", desde el estallido social del 18 de abril pasado, que ha dejado entre 325 y 561 muertos, además de 809 "presos políticos, según diferentes fuentes.
Ortega reconoce 199 muertos e insiste en que fallecieron durante un supuesto intento de golpe de Estado.
