Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente de Nicaragua | Foto: EFE/Jorge Torres
El Gobierno de Nicaragua afirmó este miércoles que ha logrado "restablecer el compromiso de paz", en medio de las críticas por supuestas violaciones a los derechos humanos desde el estallido social de abril pasado contra el presidente Daniel Ortega.
"Hemos logrado restablecer (…) el compromiso de paz, de tranquilidad, de trabajo, de seguridad en nuestra Nicaragua", dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
Murillo hizo la afirmación dos semanas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe en Washington en el que se responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por crímenes "de lesa humanidad".
El informe, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue aprobado la semana pasada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por la mayoría de los países del Consejo Permanente del organismo.
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Almagro también anunció el inicio del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, por la negativa del Gobierno nicaragüense a asumir la responsabilidad por la crisis de su país, que ha dejado cientos de muertos desde el estallido social de abril pasado.
"Nunca vamos a desesperarnos, vamos a enfrentar las dificultades, los retos, los desafíos con confianza y seguridad, y saldremos victoriosos", resaltó Murillo, cuyo Gobierno pidió ayer a los países de Latinoamérica y el Caribe que no apoyen la CDI.
El Gobierno de Nicaragua es señalado de una represión que incluye la muerte de entre 325 y 545 personas, el arresto de al menos 610 "presos políticos", la desaparición de cientos de manifestantes, miles de heridos, decenas de miles de personas en el exilio y una cantidad no específica de ciudadanos torturados o que sufrieron violaciones sexuales.
Las autoridades nicaragüenses reconocen 199 muertos y 340 reos, a quienes considera "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
Ortega se considera víctima de un intento de "golpe de Estado", argumento que ha sido rechazado por diferentes organismos internacionales.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.
