Rodrigo Duterte | Foto: Toto Lozano.
El Gobierno de Rodrigo Duterte seguirá adelante con su plan de restablecer la pena de muerte en Filipinas, a pesar de que el Papa la declarara ayer jueves "inadmisible" dentro del catolicismo, religión que profesan más del 85 % de los filipinos.
El portavoz presidencial, Harry Roque, señaló este viernes que el Ejecutivo filipino "intentará persuadir con suavidad" a los senadores para que aprueben la ley que pretende restaurar la pena capital en Filipinas, donde se prohibió en 2006.
"Sigue siendo una de las prioridades de la administración restaurar la pena de muerte para los delitos más graves relacionados con drogas. Pero la decisión está ahora en manos del Senado", subrayó Roque en rueda de prensa.
La Cámara de Representantes filipina ya dio luz verde en marzo del año pasado a ese proyecto de ley, que es una de las promesas electorales de Duterte como parte de su brutal guerra contra las drogas que busca endurecer las penas para narcotraficantes.
La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, que se opuso desde el principio a esa medida de Duterte, aseguró hoy en un comunicado que la declaración del Papa aclara cualquier duda sobre la posición de la Iglesia Católica respecto a la pena capital.
Los obispos filipinos precisaron que ya "no hay razón" para justificar la pena de muerte y mostraron su acuerdo con el cambio el catecismo que ayer aprobó el Papa Francisco.
"La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque es un ataque contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona", señala el nuevo catecismo.
Filipinas abolió la pena de muerte en 2006 durante la presidencia de Gloria Macapagal Arroyo, que es desde el pasado 23 de julio la nueva líder de la Cámara de Representantes y una de las principales aliadas de Duterte en el legislativo filipino.
