El consenso se logró con la intermediación de la Iglesia Católica y del Defensor del Pueblo I Foto: fuente externa
Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo amigable, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.
El consenso se logró con la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en representación de las comunidades.
La inversión estimada en el proyecto de reasentamiento supera los RD$20 mil millones. El plan contempla la provisión de viviendas dignas y adecuadas para cada familia, conforme al censo realizado, así como acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación (primaria y secundaria), instalaciones deportivas (cancha mixta y campo de béisbol), y vías de acceso. También se incluyen planes de restauración de medios de vida y actividades productivas para las familias afectadas.
El acuerdo establece nuevos valores de reposición para seis cultivos, definidos en una matriz de precios, así como los montos de compensación a pagar por cada tarea de tierra.
Desde sus inicios, el proyecto consideró un programa de soporte psicosocial, que incluye acompañamiento personalizado a los hogares afectados con profesionales en psicología. Este componente busca prevenir y gestionar dificultades, y dar seguimiento a los planes de vida familiares.
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Asimismo, se incluyó un programa de generación de ingresos y educación financiera, con acompañamiento técnico en el diseño e implementación de actividades económicas; un plan de fortalecimiento educativo para reducir el rezago escolar; un programa de alfabetización; y un programa de convivencia para fomentar la integración entre los hogares reasentados y las comunidades receptoras.
Plan de viviendas e infraestructura
Con relación al plan habitacional, el Estado y Barrick Pueblo Viejo garantizaron soluciones habitacionales dignas y adecuadas a cada familia, de acuerdo con el censo realizado.
Además, el Estado acordó la construcción de una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal en la nueva comunidad de destino. También se comprometió a poner en funcionamiento una estancia infantil y a mejorar el tramo carretero Cotuí–Nuevos Horizontes.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, expresó: “La firma de este acuerdo entre las comunidades mineras de Cotuí y Barrick Pueblo Viejo representa un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios. Esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el desarrollo minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que sí es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo”.
Santos también valoró el papel de la Iglesia Católica y del Defensor del Pueblo: “Este acuerdo es también el resultado de un llamado al diálogo que hicimos con la firme convicción de que los conflictos pueden transformarse en oportunidades cuando se prioriza la escucha activa y la búsqueda de consensos”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que el acuerdo forma parte de un proceso evolutivo y de aprendizaje: “Este momento inicia una transición que continuará, independientemente de que en el contrato hay plazos. Nos hemos comprometido, tanto la Iglesia Católica como el Defensor del Pueblo, a dar un acompañamiento para que sea un proceso continuo en otras dimensiones".
También agradeció a los representantes de las comunidades, al Estado y al Senado de la República, reiterando su compromiso con la garantía de los derechos de todos y todas.
La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, explicó que el programa de reasentamiento fue construido desde el inicio sobre la base de la participación continua de las partes interesadas, y se definieron aspectos clave como una matriz de compensación alineada con la legislación dominicana y los estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
En tanto, Martín Guzmán, representante de los comunitarios, valoró positivamente el acuerdo: “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el alcalde del municipio de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y el director general de Minería, Rolando Muñoz.
