Julio Santana | Foto: Julio Santana
El régimen israelí insiste en refutar la convicción de millones de personas, gobiernos y reconocidas organizaciones internacionales de que sus acciones en Gaza constituyen un genocidio. Estas brutales operaciones incluyen el bombardeo sistemático de campos de refugiados, hospitales, escuelas y edificios residenciales en ciudades y asentamientos palestinos, el corte deliberado de servicios de agua y electricidad, el asesinato de ciudadanos por francotiradores desde edificios destruidos, y el bloqueo y bombardeo de puntos de entrada de alimentos y ayuda humanitaria.
La cifra de muertos se aproxima a las 36,000 personas, con más de 80,000 heridos, de los cuales más del 70 % son mujeres, niños y ancianos.
El pasado 7 de mayo, el régimen israelí intensificó su campaña con el bombardeo de la ciudad de Rafah, hogar de aproximadamente 1.5 millones de palestinos desplazados del norte y centro de Gaza. Ni los tímidos consejos de su aliado y principal proveedor de armas, Estados Unidos, ni las alertas de las Naciones Unidas y algunos países de la UE lograron frenar esta ofensiva. Hoy, los tanques israelíes se encuentran en el centro de Rafah, habiendo bombardeado previamente de manera indiscriminada refugios improvisados con grandes concentraciones de familias palestinas.
En estos refugios, la incertidumbre de nuevos ataques agrava el ya dantesco sufrimiento de la población palestina.
Esta maniobra militar, como otras anteriores, no solo apunta al exterminio literal de los campamentos de refugiados y desplazados, sino también a la destrucción de los servicios básicos de la ciudad, forzando a los sobrevivientes a desplazarse nuevamente hacia el norte y otras partes de Gaza. Según describen trabajadores de la ONU y de las ONG en la zona, los palestinos ya no saben a dónde ir para salvar sus vidas. Cada desplazamiento resulta en decenas de muertos y heridos en el camino.
Cuando algunos miembros de la comunidad internacional cuestionan los métodos empleados en el conflicto, el régimen israelí se defiende calificando las críticas como presunciones antisemitas. Estados Unidos, su principal aliado, sostiene que las acciones no constituyen genocidio, sino actos de guerra de legítima defensa.
No sorprende tal postura de los círculos de poder norteamericanos, ya que admitir que se trata de un genocidio implicaría reconocerse como cómplices directos de estos actos abominables, siendo el principal proveedor de armas y dinero de Israel. La complicidad parece ser también sentimental, como lo evidencia una foto de Nikki Haley, exembajadora de EE.UU. en la ONU y hasta hace poco gobernadora de Carolina del Sur, firmando proyectiles de artillería utilizados contra Gaza con el mensaje: «¡Acaben con ellos! ¡Estados Unidos ama a Israel!».
¿Es realmente genocidio lo que ocurre con el pueblo palestino?
La definición de genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, incluye actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos abarcan la matanza de miembros del grupo, lesiones graves, sometimiento a condiciones que conlleven su destrucción física, medidas destinadas a impedir nacimientos y el traslado forzado de niños a otros grupos. Los eventos actuales en Gaza se ajustan sorprendentemente a esta definición.
Protestar contra las salvajes acciones de guerra de Israel no es antisemitismo. Tampoco se podrían justificar moralmente en respuesta al acto terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que resultó en aproximadamente 1,200 fallecidos, alrededor de 5,500 heridos y la captura en calidad de rehenes de 253 personas, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados.
Condenamos dicho acto, que empaña la causa palestina. Sin embargo, al destruir todo y matar a miles de civiles inocentes, reduciendo a cenizas sus hogares y negocios, el régimen de Israel se ha convertido en un Hamás estatalizado, proyectándose como su propia antítesis.
No debemos dudar que pronto la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que recientemente ordenó la captura del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de defensa Yoav Galant, sea declarada por Estados Unidos como “organización terrorista”. Esto podría ocurrir en momentos (decenas de legisladores norteamericanos ya están solicitando sanciones contra esta corte) en que las acusaciones de genocidio contra Israel por parte de un número creciente de Estados soberanos, su evidente aislamiento internacional y las recientes posturas de la CIJ solo confirman que la cúpula ultraderechista israelí es una agrupación desalmada y violadora de los derechos humanos.
Reafirmamos nuestra convicción de que este régimen radical lleva a cabo genuinos actos de genocidio y limpieza étnica en Gaza, que no merecen el silencio ni el apoyo del mundo civilizado, incluido nuestro país.
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