Manuel Díaz | Foto: Kelvin de la Cruz
La Fundación Transparencia y Democracia calificó de grave las declaraciones del diputado de la provincia de San Cristóbal, Manuel Díaz, quien confesó haber pagado dinero para "pinchar" teléfonos, y aseguró que instituciones, organizaciones y personas se dedican “a este comercio” de manera normal en la República Dominicana.
En tal sentido, el presidente de la fundación, César Manuel Matos Díaz, dijo que dada la gravedad de las declaraciones del legislador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, debe iniciar una investigación para determinar cuáles son las instituciones y personas que se dedican a esta práctica como un comercio normal.
Matos Díaz calificó de penoso y hasta bochornoso e inaceptable que sea precisamente en la sede del Congreso Nacional, donde se legisla y se elaboran las leyes que deben sancionar estas acciones ilícitas, un legislador admita su delito.
En ese orden, el dirigente de la sociedad civil señaló que las declaraciones del diputado Manuel Díaz son bastante graves, en el sentido de que en el país se ofertan los servicios de “pinchar” teléfonos de manera habitual, y no obstante de tratarse de una práctica regulada por el Código Procesal Penal Dominicano y la ley número 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Matos Díaz precisó que el procurador debe cuestionar a Manuel Díaz para que informe al Ministerio Público cuáles son esas organizaciones, instituciones y personas que se dedican a este comercio.
Expresó que aunque en el caso del diputado Díaz estar protegido por la figura de la inmunidad parlamentaria, la interceptación de llamadas está considerado como un crimen por el artículo 9 de la Ley número 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Agregó que dicho delito conlleva penas de uno a tres años de prisión y multa de 20 a 100 a salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan resultar de leyes y reglamentos especiales, por lo que, los particulares que se dediquen a ello y las compañías telefónicas responsables son pasibles de ser procesadas penalmente y civilmente.
Finalmente, Matos Díaz apuntó que el Ministerio Público debe aprovechar esta oportunidad para frenar esta práctica que constituye un ilícito penal, y especialmente advertir a los legisladores que tienen inmunidad, pero no impunidad.
