Jaime Aristy Escuder, economista | Foto: Kelvin de la Cruz
El gobierno de Venezuela está más que maduro, está podrido. Su política económica ha sido tan desastrosa que en una década provocó una hiperinflación y el desplome del producto interno bruto a un 25% del nivel observado en 2012. El resultado de ese comportamiento de la actividad económica, condicionado por ocho años de recesión, ha sido un vertiginoso aumento de la pobreza. De acuerdo con Ricardo Hausmann, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, “la crisis que afecta a Venezuela es la más grande que ha ocurrido fuera de guerras.”
El domingo 28 de julio el pueblo venezolano llenó las urnas para expresar su rotunda oposición a una dictadura de 25 años: no más distorsiones económicas, no más injusticias, no más corrupción ni más privilegios para la clase gobernante. Venezuela quiere libertad y un cambio de gobierno. Por ese motivo su gente votó mayoritariamente a Edmundo González, la cara de la oposición que dirige María Corina Machado.
Nicolás Maduro, la nefasta herencia del fallecido Hugo Chávez, se ha declarado nuevamente ganador de las elecciones. El candidato oficialista, que negó la votación a 4.5 millones de venezolanos residentes en el exterior, fundamenta su decisión en los resultados, claramente fraudulentos, presentados por el organismo electoral que su gobierno controla. Según el Consejo Electoral Nacional (CNE), Maduro fue reelegido con un 51.2% del voto, mientras que Edmundo González obtuvo el 44.2%.
Los líderes de la oposición publicaron el pasado martes la base de datos correspondiente al 73% de las actas que se levantaron en las mesas de votación. De acuerdo con dichas actas, el candidato opositor obtuvo 6.3 millones de votos, cifra que supera de manera holgada los 2.8 millones de votos recibidos por Maduro. Esto significa que González es el nuevo presidente de Venezuela con casi el 70% de los votos. Una victoria con cuarenta puntos porcentuales de diferencia, “el mayor margen de diferencia en la historia,” según María Corina Machado. El resultado se ajusta a la previsión de los sondeos llevados a cabo antes de las elecciones y de los realizados a boca de urna. Todos arrojaban el triunfo inapelable, con más de un 60%, del candidato de la oposición.
Una gran parte de la comunidad internacional ha decidido defender la voluntad popular y la legitimidad democrática. Por ello solicita desde el mismo día de los comicios los datos detallados de la votación. Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, ha cuestionado los resultados presentados por el CNE, pues considera que los números oficiales a favor de Maduro están lejos de reflejar los votos del pueblo venezolano. Por ese motivo, reconoce a González como presidente electo.
Muchos países de América Latina también han reclamado al CNE la publicación de las actas. Los presidentes de República Dominicana y Chile, Luis Abinader y Gabriel Boric, respectivamente, han expresado su preocupación por el proceso electoral en Venezuela porque los datos presentados por el gobierno son difíciles de creer, y han señalado que un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para reconocer el resultado. La Unión Europea también elevó su voz para exigir que se publiquen los datos y que se respete la voluntad popular.
Ante la presión internacional, la reacción del dictador Nicolás Maduro ha sido, como era de esperar, agresiva. Por una parte, ha roto relaciones con varios países latinoamericanos. Por la otra, ha reprimido con especial dureza las manifestaciones pacíficas del pueblo venezolano que se lanzó a las calles indignado por el fraude electoral: insultos, amenazas, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones y secuestros (entre ellos el de Freddy Superlano, uno de los principales líderes de la oposición). Es hora de que la comunidad internacional exija a Maduro la salida inmediata del poder.
La recuperación de la democracia y la estabilidad política marcará el punto final de la tragedia venezolana y el inicio de un nuevo camino hacia un mayor nivel de bienestar. Para acelerar el crecimiento económico, hay que adoptar políticas públicas que restablezcan las libertades y fortalezcan el régimen de propiedad que fue destruido durante la dictadura. Es imprescindible promover la libertad de mercado, reducir la regulación excesiva, elevar la eficiencia del gasto público, mejorar la oferta de servicios públicos de educación y salud, y sacar el Estado de las actividades en que el sector privado tiene ventajas comparativas. En ese contexto, conviene estimular la entrada masiva de capital privado en las actividades productivas y en proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura pública.
La industria petrolera de Venezuela, que posee la mayor reserva de crudo del mundo, debe ser renovada con inversión extranjera para llevar la producción de los poco más de 0.5 millones de barriles por día que se suplen actualmente a los más de 3.3 millones de barriles que se producían diariamente en 1998. Además, se ha de fomentar el comercio exterior y promover la diversificación de la economía con el fin de expandir la agricultura, la manufactura, el turismo, entre otras actividades. La repatriación del capital humano que emigró por la crisis económica puede aportar significativamente a la recuperación del aparato productivo nacional y modernización de la sociedad.
Venezuela necesita un cambio radical del régimen de política fiscal y monetaria. La sostenibilidad de las finanzas públicas, la renegociación de su deuda y la eliminación del financiamiento monetario del déficit público son elementos indispensables para el anclaje de las expectativas de inflación y la estabilidad macroeconómica. La mejora de la posición fiscal permitirá el control de la liquidez, cuya tasa de crecimiento debe ser compatible con una meta de inflación baja y estable. El financiamiento doméstico ha de ser dirigido al sector privado para que aumente la inversión y capacidad de creación de empleo. De esa manera, se logrará elevar el nivel de ingresos y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida, metas irrenunciables de todo gobierno democrático. Sin embargo, Venezuela tardará mucho en alcanzar esos objetivos debido al grado de deterioro económico y social provocado por un régimen dictatorial en el más puro (y maduro) estado de putrefacción.
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