Emmanuel Macron | Foto: EFE Ludovic Marin
Por Ángel Calvo
La Justicia francesa cerró hoy miércoles de forma definitiva la puerta a la extradición a Chile de Ricardo Palma Salamanca, pese a la presión política del Gobierno de ese país para que cumpliera allí las dos penas de cadena perpetua por hechos perpetrados por el exguerrillero en los albores de la democracia.
El Tribunal de Apelación de París se pronunció "desfavorablemente" ante la demanda chilena, explicó su presidenta en una audiencia muy breve.
Tras conocer el dictamen, el antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), de 48 años, se abrazó con sus abogados y con un grupo de allegados que le arropaban y que quisieron que se escucharan sus "¡Gracias, Francia!".
La decisión del tribunal supone también el levantamiento del control judicial al que estaba sometido desde febrero de 2018, cuando permaneció detenido unas horas tras ser capturado en una operación en la que estuvieron implicadas las policías de Francia, Chile y España cuando fue detectada su presencia en la región de París.
Su letrado Pierre-Emmmanuel Blard hizo hincapié en que ahora "tiene una libertad total para moverse por el territorio francés". No obstante, si viaja a otro país, Chile podría activar una nueva solicitud de extradición.
Blard indicó que en Francia "tiene el estatuto de refugiado político" porque "fue torturado durante semanas y más semanas en Chile antes de ser condenado a cadena perpetua".
Recordaba así su línea de defensa durante los más de once meses de procedimiento: que los procesos en los que fue sentenciado en Chile estuvieron viciados de origen por las confesiones que hizo supuestamente bajo tortura.
Palma Salamanca obtuvo a finales de octubre el estatuto de refugiado en Francia porque el organismo competente -la OFPRA, formalmente independiente del Gobierno- dio credibilidad a las alegaciones de que había sido torturado en Chile.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, escribió entonces a su homólogo francés, Emmanuel Macron, para mostrar su "preocupación" por la concesión de ese estatuto de protección y reafirmar "la importancia de continuar con el proceso de extradición".
El 8 de octubre, Piñera ya abordó esa cuestión con Macron en París durante la gira del mandatario chileno por Europa.
Este miércoles, su ministro de Exteriores, Roberto Ampuero, calificó de "incomprensible" el dictamen del Tribunal de Apelación de París y manifestó su "disconformidad".
"Aun respetando la independencia de este órgano jurisdiccional -añadió Ampuero- la resolución, a nuestro juicio, no coincide con los principios, normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia".
La posición constante del Ejecutivo francés ha sido que no interfiere en los procedimientos judiciales y que la decisión de la OFPRA se tomó "con total independencia" y "en el marco de la legislación francesa".
En la audiencia celebrada el 12 de diciembre, la Fiscalía pidió al Tribunal de Apelación de París que se rechazara la demanda chilena porque no se podía extraditar a un refugiado al país por el que se le había atribuido ese estatus.
El Ministerio Público francés basó su negativa en que la justicia chilena había descartado la posibilidad de una revisión de los procesos en los que fue condenado.
En Chile fue sentenciado por el asesinato en abril de 1991 del senador derechista Jaime Guzmán y por el secuestro desde septiembre de ese año y durante cinco meses de Christian Edwards, hijo del propietario del diario "El Mercurio".
En diciembre de 1996, junto a otros tres guerrilleros, escapó en helicóptero de una cárcel de alta seguridad de Santiago y desde entonces se le situó en Cuba y en México.
Eso hasta que a comienzos de 2018 se le localizó en la región de París y su detención durante unas hora marcó el inicio de un proceso de extradición que ha concluido con este dictamen negativo.
