Trajano Potentini, presidente FJT | Foto: Prensa FJT
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) saludó la iniciativa anunciada y reiterada por el Gobierno dominicano para monitorear y vigilar el uso de los recursos públicos en la campaña electoral, además de la penetración del narcotráfico, en violación a las leyes penales, electorales y a las disposiciones contenidas, fundamentalmente en la ley de función pública y la constitución dominicana.
La entidad cívica ve como una señal positiva, el que sea el propio gobierno, quien se interese por enfrentar tan aberrante práctica, y sobre todo al disponer en la persona del ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM José Ignacio Paliza, la coordinación y vigilancia del narcotráfico y su influencia en la campaña, además de encargar al denominado gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público, para que, bajo la dirección de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, responsable de Ética e Integridad Gubernamental, coordine el monitoreo del uso de los recursos públicos.
Asimismo, la FJT destacó como altamente positiva las medidas anunciadas por Paliza, coordinando esfuerzos con la Junta Central Electoral (JCE), y varios partidos de oposición, para fortalecer los controles y regulaciones en el financiamiento político, concretamente elaborando una reglamentación adicional a las exigencias legales establecidas, además de requerir los documentos tradicionales, como certificados de buena conducta, pruebas antidoping y estados de cuentas auditados, también exigirán información detallada sobre sus finanzas personales y la procedencia de los recursos económicos utilizados para financiar sus campañas, controles que ojalá puedan ser implementados por toda la clase política.
FJT califica el uso de los recursos del estado, la narco-política y el financiamiento ilegal de campañas como los grandes lastres de la democracia.
Para Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, el gran lastre, que tiene la democracia dominicana, lo constituye el financiamiento ilegal de campañas políticas, y con ello de manera especial el excesivo gasto en las campañas electorales, hoy penetradas por la narco-política; y peor aún con el uso indiscriminado de los recursos del estado, bajo toda clase de disfrace, ayudas, asistencia social, supuestos programas o planes de emergencias, asignación de obras grado a grado, pensiones, entre otros tantas presuntas iniciativas, con el velado interés de favorecer a los compañeros de partido, una práctica dañina y perversa, que se ha esparcido como una cultura en toda nuestra vida republicana.
