Alan García | Foto: Manuel González Olaechea
El fiscal peruano José Domingo Pérez, que investiga al expresidente Alan García por presunta colusión y lavado de dinero en el caso Odebrecht, reiteró este martes que no existe persecución alguna contra el exmandatario, como este alega para solicitar asilo diplomático en la embajada de Uruguay en Lima.
Consultado por periodistas durante un allanamiento a un estudio de abogados presuntamente implicado en la financiación irregular del partido fujimorista Fuerza Popular, Pérez aseguró que "la Fiscalía cumple su labor dentro del rol que establece la norma, la ley y con autorización judicial".
El fiscal respondió así al hijo del expresidente, Alan García Nores, quien este lunes aseguró que Pérez abusaba de su autoridad contra su padre.
El hijo de García reconoció que el exmandatario acudió a solicitar asilo a la residencia del embajador uruguayo en Lima ante una eventual orden de prisión preventiva por los últimos indicios aparecidos sobre el presunto dinero ilícito pagado por la constructora brasileña Odebrecht a su padre.
"¿Cómo vas a confiar en la justicia con la fiscalía gobernada como está ahora? Ningún fiscal superior se atreve a pararle la mano al fiscal Pérez porque tiene miedo de lo que puedan decir ustedes, la prensa", agregó García Nores tras visitar a su padre.
¿Qué pretenden que haga? ¿Que vaya preso 36 meses como Keiko Fujimori? ¿Con qué razón un hombre inocente iba a ir preso?", agregó.
García está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno aprista.
Según el testigo, que se acogió a la colaboración eficaz (delación premiada), 14 millones de dólares estaban destinados para los altos funcionarios del Ejecutivo de García, partidas que gestionó el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, cuyo interrogatorio sobre este asunto está pendiente.
Asimismo, la empresa brasileña pagó 100.000 dólares a García por una conferencia brindada en 2012 en Sao Paulo, aparentemente procedentes de su cuenta oculta con la que entregó sobornos en al menos una docena de países de Latinoamérica a cambio de que le adjudicaran millonarios contratos en obras públicas.
Esta información llevó al fiscal Pérez a solicitar el sábado a un juez que le prohibiese salir de Perú por 18 meses, dado que reside en Madrid.
La medida fue aprobada con la conformidad del propio García, pero horas más tarde este acudió a la embajada de Uruguay a pedir asilo bajo el argumento de ser una víctima de persecución política.
