Chávarry fue ratificado por la junta de fiscales supremos, que rechazó una moción para la salida del fiscal general planteada por dos de sus miembros, Pablo Sánchez, predecesor del actual fiscal general, y Zoraida Ávalos, según indicaron medios locales.

El Fiscal de la Nación obtuvo el respaldo de Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez, ambos fiscales supremos que, al igual que Chávarry, aparecen involucrados en las grabaciones telefónicas que desvelaron en la red de corrupción judicial que existía en las altas esferas de la judicatura de Perú.

Al haber un empate a dos, el voto dirimente fue el del propio Chávarry, quien argumentó no haber cometido delito alguno y se inclinó por esperar la resolución del Congreso, que inició una investigación para decidir si le abre un proceso de destitución.

La votación fue idéntica a la ocurrida el 20 de julio, cuando Chávarry asumió el cargo después de que la misma junta de fiscales supremos lo ratificara por primera vez.

Las grabaciones telefónicas publicadas en los medios locales no solo revelaron que Chávarry tenía amistad con el suspendido juez César Hinostroza, presunto líder de esta red de tráfico de influencias y favores, sino que este magistrado le organizó una reunión privada con periodistas.

A medida que aparecían los audios, el fiscal general negó inicialmente ser amigo de Hinostroza para después reconocer que tenían una relación fluida y, más tarde, desmintió que asistiera al encuentro con periodistas para luego admitir que sí asistió y que en el encuentro había entre veinte y veinticinco comunicadores.

Chávarry argumentó este jueves en una entrevista al diario El Comercio que faltó a la verdad "sin afán de mentir" y para salvaguardar el nombre de la institución.

Esta red de corrupción estaba compuesta por magistrados, empresarios y políticos que se intercambiaban favores y prebendas a cambio de favorecer a sus allegados con ascensos y promociones dentro de la carrera de la magistratura e incluso con sentencias a la medida a cambio de sobornos.