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Diversas compañías productoras y distribuidoras de opiáceos para fines sanitarios se resisten a pagar un impuesto creado este año por el Estado de Nueva York para hacer frente a la crisis derivada de su consumo a la que se enfrenta el país, según avanzó el Wall Street Journal.
De acuerdo con el rotativo, las empresas afectadas habrían interpuesto varias demandas en las que aseguran que la ley aprobada en marzo, que les exige el pago de 600 millones de dólares en seis años, es inconstitucional.
El Departamento de Salud estatal envió la semana pasada facturas a 75 compañías y sus subsidiarias en las que se detallaban las cantidades que cada una debería abonar basándose en el volumen de ventas o en la potencia de los medicamentos vendidos o distribuidos en Nueva York.
Dicha ley, además, establece también un pago retroactivo que incluye todo el año 2017.
Las compañías, según el Journal, aseguran reconocer la gravedad de la crisis de opiáceos, que disparó la adicción y los costes en salud pública, pero defienden que la solución no pasa por aumentar los impuestos a las compañías.
Algunas fuentes cercanas a las compañías citadas por el periódico aseguran que las empresas tendrían que pagar entre siete y 100 millones de dólares, lo que hace que algunas de estas corporaciones se replanteen proseguir su actividad en el estado neoyorquino.
Así, una de las afectadas, Mallinckrodt PLC, argumentaba en una demanda interpuesta el pasado 24 de octubre en un juzgado de la ciudad de Nueva York que los costes por pastilla con esta nueva ley eran mayores que los ingresos que le generaban, ya que vendía una tableta de Oxycodone por 4,7 centavos de dólar y ahora tenía que pagar 8,2 centavos por cada una.
Es por esto que desde el sector advierten que esta ley "amenaza con penalizar a la gente con una necesidad legítima" de estos opiáceos.
Más de 12 estados se plantearon la necesidad de gravar con impuestos los opiáceos durante el actual curso legislativo, aunque solo el Estado de Nueva York sacó adelante dicha ley ya que, según un portavoz de la gobernación, "ayuda a que las grandes farmacéuticas se hagan responsables de la crisis de opiáceos que han avivado".
