Faride Raful, diputada del PRM | Foto: Kelvin de la Cruz
La diputada Faride Raful consideró ayer miércoles que las supuestas intervenciones telefónicas que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) pone en peligro el Estado de derecho que vive la República Dominicana.
Raful, legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se expresó en esos términos luego de que el periodista Danny Alcántara denunciara que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, intervino irregularmente el teléfono celular de la jueza Miriam Germán Brito.
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“Peligra el Estado de derecho. Nos exponemos a que cualquier autoridad, arme un expediente y se meta en un espionaje ilegal en nuestras vidas. Sin ser criminales, sin estar involucrados en ningún proceso. Eso es grave, terrible y NO puede permitirse”, condenó la legisladora opositora mediante varios mensajes colgados en su cuenta de Twitter.
La diputada del circunscripción número del Distrito Nacional manifestó que le aterra pensar que los teléfonos celulares están intervenidos por quienes están llamados a garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales del ciudadano.
El polémico debate de espionaje volvió a la opinión pública luego de que el procurador, durante su turno de preguntas en las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), leyera varios documentos con acusaciones en contra de la jueza Miriam Germán Brito, evidenciando que hubo un servicio de inteligencia para tales fines.
“No podemos dejarnos amedrentar. Tenemos que salir a defender el derecho de los más vulnerables contra el abuso y la mentira”, expuso.
Ante la denuncia de intervención telefónica a la jueza, la Inspectoría General de la Procuraduría aclaró que hizo una solicitud judicial para intervenir varios teléfonos celular por una presunta vinculación al narcotráfico, y que luego de percatarse que uno de estos móviles correspondía a la magistrada, se detuvo la ejecución.
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Sinembargo, Faride Raful denunció que las aclaraciones de la Procuraduría no corresponden con la solicitud de intervención telefónica que había hecho, donde, según ella, está claro que el objetivo era seguir el rastro de la magistrada.
“Si lo hacen contra una Jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué le queda al ciudadano común? : Chantaje, extorsión, manipulación. Y todo propiciado por la misma Procuraduría General. Hay que frenar esto”, manifestó al pedir que la presunta práctica debe parar.
Peligra el Estado de derecho. Nos exponemos a que cualquier autoridad, arme un expediente y se meta en un espionaje ilegal en nuestras vidas. Sin ser criminales, sin estar involucrados en ningún proceso. Eso es grave, terrible y NO puede permitirse.
— Faride Raful (@FarideRaful) March 7, 2019
