Una familia que perdió a un pariente en el trágico suceso del Jet Set, exige una indemnización por daños y perjuicios ascendentes a RD$ 300 millones, más intereses judiciales, costas legales y honorarios profesionales contra los dueños del centro de diversión.
La señora Cynthia Mercedes Nadal Porro presentó formal querella y se constituyó en parte civil contra los señores Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, Maribel Espaillat de Beras, Evelyn Espaillat de Aybar y la empresa Inversiones E y L, S.R.L., a quienes acusa de homicidio involuntario, complicidad y otros delitos penales, tras la muerte de su hija, Catherine Marie Najri Nadal, en el trágico incidente vinculado a la operación de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril.
La querellante solicitó que se imponga prisión preventiva a los acusados, alegando riesgo de fuga, ocultamiento de pruebas y posibles “amenazas contra su integridad”.
De acuerdo con la documentación presentada, la empresa Inversiones E y L, S.R.L., identificada como propietaria de la discoteca Jet Set, aparece registrada bajo el número 61342SD, con vigencia hasta el año 2026, y tiene como socios a Antonio Espaillat y Ana Grecia López, quienes también figuran como gerentes.
A su vez, aunque Maribel Espaillat de Beras y Evelyn Espaillat de Aybar no figuran actualmente como socias formales, se indica que siguen colaborando activamente con la discoteca, fungiendo como administradoras de hecho, según se probará con testimonios y documentos de la Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a la solicitud.
Entre las pruebas anexadas se encuentran actas notariales, registros mercantiles, nóminas de personal, y comunicaciones oficiales en papel timbrado de Jet Set firmadas por el propio Antonio Espaillat y su abogado, donde se identifica a Inversiones E y L como la empresa propietaria del establecimiento.
Nadal Porro acusa a los responsables de no haber atendido advertencias técnicas sobre el peligro estructural que representaba el inmueble antes de su colapso, hecho que causó la tragedia. También hace reserva de presentar otras diligencias de investigación durante el curso del proceso, así como de ampliar la querella contra posibles implicados adicionales.
La demanda, presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional, busca que se impongan las sanciones penales correspondientes, además del resarcimiento económico por el daño moral y material ocasionado a la familia de la víctima.
En el colapso del techo del establecimiento murieron 232 personas y 189 fueron desplazadas a diferentes hospitales del país para recibir atenciones médica.
