Álvaro Uribe, expresidente de Colombia | Foto: EFE/Giorgio Viera.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los hombres más investigados del país, sumó un proceso más en la Corte de Suprema de Justicia, esta vez por el espionaje militar a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros y defensores de derechos humanos.
La acción de la más alta instancia de la jurisdicción ordinaria en Colombia se originó por un correo electrónico anónimo recibido por la Sala Especial de Instrucción en el que se asegura que Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010, supuestamente fue el destinatario de información recabada en el espionaje informático de los militares.
Por esa razón, la Corte Suprema anunció el martes la apertura de una indagación preliminar contra el expresidente y senador, que tiene con este 29 procesos por distintos motivos en ese tribunal y eso ha sido objeto de cerca de 200 en otras instancias, incluida la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por delitos que van desde injuria hasta su presunta vinculación con matanzas, pero ninguna condena.
APOYO A LA DECISIÓN
Una de las víctimas del espionaje ilegal, el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, destacó la decisión y dijo a Efe que la "Corte está tomando la decisión que corresponde".
"Es una noticia que debemos celebrar quienes hemos sido víctimas de esta operación de espionaje y creo que el país lo que necesita es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición sobre estos hechos que se repiten una y otra vez, sobre todo cuando el uribismo está en el poder", recalcó el opositor.
Una investigación publicada a comienzos de mayo por la revista Semana y titulada "Las carpetas secretas" señala que la operación de espionaje militar ocurrió entre febrero y diciembre del año pasado.
Entre las víctimas de esas acciones hay periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, generales y miembros del Gobierno, entre ellos Jorge Mario Eastman, que el año pasado ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia, y como tal hombre cercano al jefe de Estado, Iván Duque.
NINGUNA CONDENA
Uribe es uno de los políticos colombianos que más investigaciones tiene por sus actuaciones en su dilatada carrera como funcionario público, incluso como presidente, pero en todas ha salido airoso gracias en parte a un fuerte equipo de abogados.
Sin embargo, el senador Sanguino considera que en esta oportunidad las cosas pueden cambiar porque dice suponer "que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia está precedida de indicios que ameritan la apertura de esta indagación preliminar".
Para apoyar su punto de vista, Sanguino argumenta que la Corte "recaudó información alrededor del espionaje ilegal que se venía adelantando desde la central de inteligencia del Ejército colombiano".
Añade que la Corte no está haciendo otra cosa diferente al "ejercicio de la justicia".
ACCIÓN RUTINARIA
La defensa de Uribe, a cargo del abogado Jaime Granados Peña, aseguró al referirse a la indagación preliminar que la Sala Especial y la Fiscalía deben "verificar toda denuncia que llega a su conocimiento (porque) el objetivo de la investigación previa es, precisamente, corroborar, entre otras cosas si al menos ha existido algún delito".
Por eso, añadió, "se trata de una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte".
Granados se manifestó en un comunicado en contra de lo llamó "escándalo mediático" y recalcó que lo que está haciendo la Corte con Uribe es "un trámite normal de la justicia".
De los seguimientos informáticos del Ejército fueron víctima periodistas internacionales como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry, entre otros.
Por estos actos ilegales rechazados dentro y fuera del país la Procuraduría llamó a juicio disciplinario en mayo pasado a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.
También, argumentando el "en uso de su facultad discrecional", el Ministerio de Defensa retiró del servicio a cinco tenientes coroneles, un mayor y tres capitanes.
A eso se sumó que la Fiscalía colombiana citó al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019, periodo durante el que ocurrió el espionaje, y quien pasó a retiro en diciembre pasado alegando "motivos familiares" cuando ya se conocían algunos de los abusos de la inteligencia militar.
CASO CEPEDA, EL ÚNICO QUE AVANZA
De los procesos contra el senador Uribe, fundador y líder del partido Centro Democrático, el mismo del presidente Duque, el único que ha logrado avanzar es uno de los que le sigue la Corte Suprema que lo vinculó, en octubre pasado, a un caso de presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Curiosamente, Uribe es procesado por un caso que él mismo inició cuando demandó en 2012 al senador de izquierdas Iván Cepeda a quien acusó de buscar a exparamilitares en las cárceles para supuestamente usarlos como falsos testigos y que declararan en su contra.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no encontró méritos, archivó la denuncia y decidió darle un giro de 180 grados al caso al iniciar uno nuevo contra Uribe porque consideró que había pruebas suficientes para abrir una investigación al expresidente.
