El experto en derecho administrativo y técnicas legislativas, Pedro Gago, defendió este martes la controversial Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, afirmando que sería estúpido que un director de la entidad obligue a un periodista a revelar sus fuentes, cuando la discrecionalidad está amparada por la Constitución de la República. 

Durante una entrevista en El Gobierno de la Mañana, Gago reiteró que el profesional de la comunicación está protegido por la Ley 200-04, sobre Libre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como el derecho a proteger la procedencia de sus informaciones. 

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“La mayor estupidez que pueden hacer es llamar un día a declarar a un periodista, porque todo el mundo, hasta cualquier ciudadano (…) sabe que el periodista está protegido por el artículo de la Constitución que garantiza la libertad de información y el derecho a proteger sus fuentes”, afirmó.  

Pedro Gago agregó que por la ocurrencia de casos aislados no se puede vetar una legislación de esa categoría. 

Criticó que se quiera presuponer cosas que no estén contempladas en la reciente legislación, aunque sí cree debió tener una mejor redacción para evitar confusiones. 

“Ustedes lo presuponen en base a una redacción a lo mejor poco exitosa del artículo (el número 11)”, refirió. 

Agregó que esas suspicacias generadas podrían corregirse en torno al diálogo iniciado por el Gobierno y los actores involucrados, quienes reaccionaron por la presunta violación de derechos que tiene la normativa. 

Pedro Gago fue enfático en señalar que la controversial legislación está amparada en la Constitución de la República, garantizando los derechos fundamentales del ciudadano. 

Una exageración 

El experto en derecho administrativo y legislaciones fue más lejos catalogó las reacciones de sectores como “una exageración”, pues alega que la normativa no dirá algo que es evidente, que las actuaciones y obligaciones de la ley sean mediante la autorización de un juez.

Conflicto

El tranque se ha generado en la opinión pública porque, de acuerdo a expertos, la referida normativa viola derechos fundamentales, por lo que algunos versados en la materia han asegurado que es inconstitucional. 

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Las reacciones de diversos sectores no se han hecho esperar, pues la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), las empresas de telecomunicaciones y otros han reaccionado, lo que ha obligado que el Gobierno promueva un diálogo para conocer las presuntas ambigüedades de la normativa. 

La Ley 1-24 fue aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Luis Abinader a mediados de enero, lo que ha destapado una caja de pandoras desde distintos sectores.