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Líderes del exilio y de la oposición interna cubana pidieron en una carta pública al presidente de EE.UU., Donald Trump, implementar "plenamente" una ley que permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por la Revolución para "asfixiar" al Gobierno de Cuba.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos del exilio en Miami, señaló en una rueda de prensa que se trata de propiedades "robadas usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales para beneficiarse".
El opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como "Antúnez", instó a Trump a activar "cuanto antes" el Título III de la Ley Helms Burton de 1996, que permite a estadounidenses y cubano-estadounidenses despojados de bienes iniciar demandas en cortes de Estados Unidos.
"Antúnez" dijo a Efe que se trata de "asfixiar a la dictadura" y privarla "de los fondos que tanto necesita y tanto utiliza para reprimir a su propio pueblo".
"Siempre hemos dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece la oposición", manifestó "Antúnez".
En la misiva dirigida a Trump, los opositores y exiliados piden "sanciones decisivas" como el Título III, que desde su creación no ha sido activado.
Le manifiestan que estas medidas "debilitarán la ocupación del régimen de Castro en Venezuela y acelerará el día de libertad para Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de nuestra región".
Reunidos en un monumento en homenaje a los veteranos de la invasión a Bahía Cochinos (1961) en la Pequeña Habana, instaron también a la utilización del Título IV, que "le niega visas a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".
Hay unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas como Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.
Estados Unidos además ha "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola y Palmolive, que pueden también acogerse al Titulo III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.
El pasado 4 de marzo el Gobierno Trump abrió la puerta para demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que hacen parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.
La iniciativa, que activa parte del Título III, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros.
Se prevé que el Gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta, "sin precedentes", de esta facultad, de treinta días, que anunció recientemente.
Esta medida ha sido suspendida consecutivamente cada seis meses por los Gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump durante sus primeros dos años de Administración.
