El expresidente boliviano Evo Morales dijo, después de que un tribunal de su país rechazara habilitarlo para presentarse al Senado en las próximas elecciones, que acata la decisión pero que nadie podrá "proscribir al pueblo".
"La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo", escribió en su cuenta en Twitter Morales, quien se encuentra en Argentina desde el pasado diciembre tras marcharse de Bolivia entre acusaciones de fraude electoral.
Un tribunal boliviano especializado en cuestiones constitucionales rechazó el pedido de Morales para permitir su candidatura al Senado, que ya había sido inhabilitada por el órgano electoral.
La resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia que inhabilitó la candidatura de Evo Morales a la Cámara alta fue validada por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra, dijo a los medios el abogado Jorge Tamayo.
La votación había quedado empatada la semana pasada cuando uno de los vocales respaldó otorgar a Morales la tutela solicitada para habilitarse como candidato a primer senador por la región de Cochabamba por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y un segundo vocal la rechazó.
Morales tildó la decisión final, tomada por un tercer vocal dirimidor, de "política" y valoró que es "ilegal e inconstitucional".
Aseguró además que el fallo que lo inhabilita a presentarse como senador por Cochabamba se produjo "bajo amenazas y presiones de procesos".
"Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis", indicó quien fuera presidente de Bolivia entre 2006 y 2019.
Morales vaticinó que "el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente" en Bolivia, país que desde el pasado noviembre gobierna de manera interina Jeanine Áñez, contraria políticamente a Morales.
Los representantes legales del expresidente presentaron una acción de amparo constitucional ante una determinación anterior del órgano electoral, que en febrero pasado determinó inhabilitar a Morales por no cumplir con el requisito de radicar en el país señalado en la Constitución, pero que sus abogados creen que vulnera sus derechos políticos.
El exmandatario tiene abiertos en su contra varios procesos penales por supuestos delitos como genocidio, terrorismo, fraude electoral y estupro, por los que la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión contra Morales.
Las elecciones generales en Bolivia están previstas el próximo 18 de octubre tras dos aplazamientos por la pandemia de la COVID-19.