Julio Santana
Dejando temporalmente de lado el conflicto ucraniano—del cual destacan esta semana (18 de marzo) la positiva noticia de un diálogo telefónico entre Trump y Putin, y los rumores sobre la posible aceptación del expresidente Zelensky de congelar el tema territorial según las actuales líneas de batalla, salvo reservas sobre entregar completamente las provincias rusoparlantes de Zaporozhie y Jerson—vale la pena dedicar atención a la enorme magnitud que presumiblemente alcanza la evasión fiscal en nuestro país.
Economistas como yo—actualmente en retiro activo—tenemos clara conciencia de los factores que sostienen e incluso incrementan los niveles, aún no del todo precisos, de evasión fiscal. Sobresale particularmente el incumplimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en otros países.
Entre las modalidades más destacadas de evasión encontramos la subdeclaración voluntaria e ilegal, la manipulación intencionada de las normativas para diferir pagos o generar moras estratégicas que producen una brecha temporal entre el impuesto declarado y el efectivamente ingresado, y la subdeclaración involuntaria por desconocimiento o errores. Asimismo, destaca la erosión deliberada de la base imponible del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante esquemas fraudulentos que permiten comercializar ilegalmente saldos a favor del ITBIS, práctica que podría representar actualmente entre el 27% y más del 30% del total potencial recaudado por dicho impuesto.
Otra práctica extendida es la simulación de ventas gravadas ficticias a otros contribuyentes, incrementando costos artificiales y generando adelantos indebidos de ITBIS, reduciendo ilegalmente tanto el ISR como el ITBIS. Este fenómeno tiene más de una década desde su primer registro documentado en 2010.
Además, es conocido por todos y reconocido públicamente por las propias autoridades de Hacienda y la DGII, el frecuente robo de secuencias de Números de Comprobantes Fiscales (NCF), utilizados para reportar compras falsas y beneficiarse indebidamente con deducciones tributarias. Sumado a ello, enfrentamos desafíos críticos derivados de la emisión de facturas falsas, contrabando, comercio informal, abuso en la aplicación de regímenes fiscales especiales, trabajo no registrado, manipulación abusiva de precios de transferencia entre empresas relacionadas, el uso de paraísos fiscales mediante cuentas offshore para ocultar ganancias, y la apropiación indebida del ITBIS cobrado a los consumidores, pero no transferido al Estado.
Estos fenómenos, en conjunto, constituyen un enorme desafío ético, administrativo, económico y social que afecta directamente la equidad tributaria y la viabilidad de las transformaciones estructurales urgentes que requiere nuestro país. Esta colosal pérdida de ingresos fiscales está directamente asociada a factores clave como la alta informalidad económica prevaleciente, debilidades institucionales en los sistemas de control fiscal, corrupción, complejidad regulatoria que favorece la evasión y elusión, y la escasa educación tributaria, aunque debemos reconocer los avances realizados en este último ámbito.
Estimaciones actualizadas indican que, gracias a las recientes acciones más efectivas por parte de la autoridad tributaria, la evasión del ITBIS estaría actualmente por debajo del 40% del potencial recaudatorio, mientras que la evasión del ISR todavía podría superar el 60%. Al sumar estas cifras (ver Informe 2018 sobre incumplimiento fiscal, período 2007-2017, MH-MEPyD-BCRD) al significativo gasto tributario originado en exenciones e incentivos—muchos inicialmente temporales, pero prolongados indefinidamente—estaríamos hablando de ingresos adicionales potenciales equivalentes al 16%-17% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta suma es crítica, especialmente cuando el gobierno enfrenta desafíos financieros considerables, como el persistente subsidio a las distribuidoras de electricidad, el creciente servicio de la deuda pública consolidada y el preocupante déficit cuasifiscal del Banco Central.
Ante este panorama desolador, en la próxima entrega abordaremos la inquietud planteada por un estimado amigo: "Julio, considerando todas las vías conocidas de evasión y arbitrariedades en materia de gasto tributario, ¿puede considerarse la negativa de algunos negocios medianos y grandes reconocidos a aceptar tarjetas de crédito como una modalidad adicional de evasión fiscal consentida por las autoridades?".
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