Imagen de referencia | Foto: Dev Asangbam/Unsplash
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) realizó una evaluación de las condiciones médicas de las personas privadas de libertad en la provincia Pedernales, como parte de las iniciativas emprendidas por esta entidad en la gestión de la salud de los internos del sistema penitenciario nacional.
Un comunicado de prensa en el que la institución da a conocer la información expresa que las personas privadas de libertad (PPL) reciben servicios médicos en el recinto penitenciario y en situaciones de emergencia son trasladados de manera inmediata a los hospitales de la provincia en coordinación con la dirección del centro.
La institución señala que de los 25 mil 674 privados de libertad que alberga el sistema penitenciario de todo el país, en los centros de la región sur guardan prisión 6,266, de los cuales 85 son de Pedernales.
El Departamento de Salud Física de la DGSPC, como parte de las medidas tendentes a aplicar las mejoras necesarias en los servicios que ofrece el sistema penitenciario, realizó una evaluación y elaboró un informe con los resultados de la situación de salud de los internos de Pedernales que revela que en la actualidad siete de ellos padecen de hipertensión arterial, uno de diabetes y uno del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La información destaca que el recinto de Pedernales, ubicado en el sur profundo, alberga a 33 condenados y 52 preventivos, 26 de ellos extranjeros, incluyendo 24 haitianos, un brasileño, y un colombiano.
El centro de privación de libertad, al igual que otros centros no reformados, se encuentra en una fase de transición a Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), según lo contempla la reforma penitenciaria, que inició con el cambio de los directores y de la seguridad de los centros por Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), como ha ocurrido a nivel nacional.
La reforma penitenciaria incluyó la derogación de la Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario, por la Ley 113-21, que desde su promulgación rige el sistema penitenciario dominicano, y que, entre otras cosas, sanciona la discriminación de los privados de libertad, ordena el acceso a los servicios de salud de que disponga el país y la obligatoriedad de la atención médica dentro y fuera de los centros.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales reitera en el documento de prensa que la atención en salud es de alta prioridad para la institución por lo que está enfocada en velar por la salud y la dignidad de las personas privada de libertad, trabajando en las mejoras continuas de los servicios.
