República Dominicana se posiciona como uno de los países más destacados en la región por su sostenido crecimiento durante décadas, con una expansión promedio anual de su PIB superior al 5 % en los últimos ocho años. Este crecimiento se acompaña con una reducción significativa de la pobreza general, si bien el indicador se mantiene todavía en niveles relativamente elevados. En particular en 2022, la pobreza monetaria se situó en un 27.7 %, en comparación con el 30.4 % registrado en 2020, lo que representa una reducción relativa del 2.7 %. Además, la tasa de pobreza extrema disminuyó de 4.9 % en 2020 a 3.8 % en 2022, reflejando una reducción de 1.1% (ver: https://goo.su/z9fFUhV).

Estos datos revelan que, en términos proporcionales, algo más de 31.5 dominicanos de cada 100 vivían en condiciones de pobreza general y extrema. La persistencia y magnitud del problema destaca la importancia de continuar implementando medidas y políticas que aborden de manera efectiva las causas fundamentales de la pobreza en el país.

Es importante saber que la pobreza está estrechamente vinculada -como causa motriz- a la desnutrición general y crónica, con efectos notables y comprobados en la educación. Uno de estos efectos es la creación de brechas de aprendizaje debido a las limitaciones cognitivas que surgen de la falta de nutrientes. Estas brechas, a su vez, aumentan la probabilidad de repetición y deserción, así como disminuyen el rendimiento escolar. Simultáneamente, la cadena pobreza-desnutrición está indisolublemente ligada al acceso a las oportunidades educativas, bienestar físico, enfermedades específicas y muertes prematuras.

Asimismo, la desnutrición tiene un alto costo para el sistema de salud pública y las familias cuando recurren a centros médicos privados. También cuenta el costo en ausentismo escolar, bajo rendimiento y deserción. No obstante, el más alto costo lo sufriría la sociedad, dados los efectos adversos de una deficiente alimentación sobre la cognición, la memoria, la atención y la inteligencia de quienes están llamados a conducir la nación por los senderos del desarrollo económico y bienestar social.

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 Entendemos que el desafío de reducir la desnutrición entre los escolares es una tarea compleja que requerirá la evaluación e identificación de mejoras en el Programa de Alimentación Escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), especialmente en su componente de formulación y evaluación nutricional. Este instituto es el responsable de proporcionar una alimentación saludable a la población estudiantil, teniendo al mismo tiempo un claro compromiso con el bienestar estudiantil, entendido de manera holística.

Por lo tanto, un problema urgente a abordar es la reducción de la malnutrición en todas sus formas en una fracción significativa de la población estudiantil, tal y como sugiere el Informe Pisa 2022 al comprobar la innegable relación de la alimentación con la calidad del aprendizaje.

Programas como el PAE contribuyen efectivamente al ejercicio del derecho constitucional a la alimentación. La observancia de este derecho debe tener un alcance global, enfocándose en una primera fase en las necesidades nutricionales objetivas de la población estudiantil en las zonas más pobres del país. Podría organizarse, como parte de las acciones del Plan o Iniciativa Global Nutricional del INABIE, un piloto en las diez provincias más pobres del país donde actualmente tenemos 1,399 centros educativos y 292,138 beneficiarios, entre ellos más de 262 mil estudiantes.

De aquí que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no debe limitarse meramente a cumplir la función de suplemento nutritivo. Su objetivo debe ser satisfacer de manera integral las necesidades nutricionales diarias de cientos de estudiantes provenientes de familias pobres y muy pobres. Un hecho relevante es que el reciente fortalecimiento del PAE, la significativa expansión de su cobertura y la mejora continua de la calidad nutricional de los alimentos que ofrece, comienzan a evidenciar impactos positivos en la reducción de la pobreza monetaria general y las desigualdades sociales.

Como señalara el MEPyD en su reciente Informe sobre Pobreza Monetaria (2023) “la pobreza aumentaría en un 4.3 % si se eliminaran el PAE y las transferencias monetarias, principalmente desarrolladas por Supérate… Esto significa que, en 2022, más de 455 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza monetaria debido al efecto del PAE y las transferencias monetarias». (https://goo.su/z9fFUhV).

Este importante hallazgo refrenda la importancia decisiva del PAE como principal política social del Estado. Al reducir la pobreza, el PAE también impacta positivamente la nutrición de miles de estudiantes dominicanos, proporcionando una alimentación gratuita, equilibrada, nutritiva, de calidad y focalizada en las provincias y municipios más pobres del país.

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